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GALICIA

PP y PSOE aprueban la Ley de disciplina presupuestaria, que rechaza el BNG por carecer "de objetivos reales"

Caride se enzarza en una discusión sobre el aumento de la deuda pública con Puy, que lo ve "lógico" en época de crisis
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La Ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que limitará el techo de gasto y que aspira a reducir la deuda autonómica en épocas de crecimiento, ha recibido este martes la aprobación definitiva gracias a los votos de PPdeG y PSdeG, mientras que el BNG ha votado en contra de esta norma por carecer, a su juicio, "de objetivos reales" y tener como "único" reto alcanzar "el déficit cero".

Finalmente, los que sí han votado a favor han sido los socialistas, a pesar de que en la comisión que debatió el informe de la ponencia que trabajó sobre esta norma se habían abstenido. La parlamentaria del PSdeG María José Caride ha justificado el apoyo de su grupo "por responsabilidad", aunque ha discrepado con el trámite de urgencia, al entender que, salvo por la aprobación del techo de gasto en el Parlamento, tendrá "un efecto inocuo" e incidencia "cero" en esta legislatura.

En su intervención, Caride ha reivindicado el compromiso del PSdeG con el control del déficit y ha defendido la actuación del bipartito en este sentido, mientras que ha puesto en duda las intenciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el impulso de esta norma. De hecho, ha sugerido, que más que "preocuparse" por la sostenibilidad financiera de la comunidad, lo que Feijóo pretende con esta ley es usarla "como estrategia de márketing".

"De lo contrario, ¿a qué viene la urgencia?", se ha preguntado y ha insistido en que la única "novedad real" que incorpora la normativa es que, cuando se supere esta previsión de crecimiento económico del 2,5 por ciento, los recursos sobrantes deberán ser destinados a reducir la deuda autonómica. Dicho esto, ha señalado que difícilmente Galicia alcanzará este porcentaje de crecimiento en lo que queda de legislatura, por lo que, ha insistido, su incidencia será "cero".

Por su parte, el nacionalista Fernando Blanco ha puesto el acento en que la nueva norma no se preocupa del crecimiento económico ni de la generación de empleo, al tiempo que reduce el papel del Gobierno autonómico al de "mero espectador", extremo con el que discrepa absolutamente el BNG. "No estamos de acuerdo en poner las políticas económicas que debe desarrollar la Xunta al único servicio del déficit ni en condenar a Galicia a peores servicios públicos", ha esgrimido.

Asimismo, al igual que Caride, ha incidido en que el único objetivo de la "urgencia" a la hora de tramitar esta ley es que Galicia se convierta "en la primera comunidad" en impulsar una norma de este tipo y ha reprobado, como también hizo la parlamentaria socialista, que no aborden mecanismos de control para la financiación público-privada, con el "endeudamiento" que supone, ha destacado, esta fórmula para la construcción de hospitales y otras infraestructuras.

Con todo, según trascendió en la comisión que dio el visto bueno a esta norma antes del pleno, los grupos parlamentarios del PPdeG y el PSdeG pactaron seis modificaciones en el informe de la ponencia, entre los que se encuentran que la Xunta deberá incluir en los presupuestos la información sobre el riesgo comprometido por avales y los compromisos por el uso de fórmulas de colaboración público-privada, tanto las contratadas como las previstas para el ejercicio al que se refieren las cuentas.

"ENORME IMPORTANCIA"

Tras la intervención de los grupos de la oposición, el popular Pedro Puy ha agradecido el apoyo de los socialistas a esta norma, aunque ha hecho hincapié en sus "contradicciones" y ha incidido en que, pese a la falta de trascendencia para la ciudadanía que apuntaron los grupos de la oposición, esta norma tiene "una enorme importancia" y supone un "paso fundamental" en el proceso de saneamiento de las cuentas públicas, en tanto que permitirá evitar que se repitan las políticas que llevaron "a la crisis" actual.

"Hay que cerrar el círculo vicioso de más déficit y más endeudamiento", ha defendido el portavoz popular, quien ha destacado que la "incidencia" de esta norma para la ciudadanía reside, precisamente, en que permite garantizar un equilibrio presupuestario que haga "sostenible" el sistema de bienestar.

DEUDA Y "FACTURAS EN EL CAJÓN"

En el transcurso del debate, María José Caride y Pedro Puy se enzarzaron en un debate sobre la situación de la deuda pública, después de que la diputada socialista apuntase a su tendencia ascendente en la comunidad, extremo que contrapuso con la actitud del bipartito. "En 2004, Galicia era la tercera comunidad con más deuda pública y paso a ser la quinta en 2009", ha esgrimido.

Del mismo modo, ha criticado que Feijóo y otros dirigentes populares "pongan en cuestión la credibilidad de las finanzas autonómicas". "Hay partidos a los que les vale todo", ha lamentado y tras recordar que el presidente gallego cifró en 15.000 millones la deuda oculta en sanidad, le ha exigido que aclare "cuáles de esos millones" corresponden a Galicia.

También ha censurado el modelo de fundaciones sanitarias que "tanto gustaban" a Feijóo y ha reiterado que el anterior Ejecutivo bipartito se encontró "con un agujero de 400 millones" en la sanidad pública gallega. Por ello, ha manifestado su deseo de que la ley aprobada este martes no sea "una cortina de humo" y ha insistido en que la Xunta debe aclarar si tiene o no "facturas en el cajón" para disipar "las dudas generadas por su propio presidente".

Por su parte, Pedro Puy ha admitido que la deuda pública creció en Galicia y ha esgrimido que esta tendencia es "lógica" en época de crisis, al tiempo que ha manifestado su sorpresa por el hecho de que "un partido de izquierdas" ponga el acento en este asunto. Del mismo modo, ha subrayado que a Galicia se le permite ampliar la deuda como consecuencia del "buen ejercicio" de equilibrio presupuestario, algo que no ocurre en otras comunidades.

Por último, ha destacado que, pese a la bonanza económica, el bipartito apenas "redujo" la deuda pública en la anterior legislatura y ha advertido de que si se hubiese aplicado una norma de este tipo, la situación sería ahora "muy diferente", con 300 millones de euros menos "de carga en deuda pública".

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