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LEY DE DEPENDENCIA

El PP tumba un acuerdo de la oposición en el Congreso para garantizar el desarrollo de la Ley de Dependencia

El PP ha rechazado en el Pleno del Congreso una iniciativa consensuada por todos los grupos de la oposición en la que se reclamaba al Gobierno que garantizase el mantenimiento y el desarrollo del Sistema de Dependencia con respecto a los principios inspiradores a la Ley de 2006, según han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias.
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La proposición no de ley, que ha sido transaccionada por todos los grupos de la oposición, pedía así que se cumpliera el calendario de implantación del sistema, se repusiera el nivel acordado de financiación, que todas las decisiones relacionadas con la viabilidad y mantenimiento del mismo se abordasen en el Consejo Interterritorial de Salud y contando con los demás órganos consultivos.

También, la propuesta exigía una revocación de aquellas medidas adoptadas por el Gobierno desde el pasado diciembre de 2011 que supongan recortes en los derechos de las personas en situación de dependencia.

De igual forma, solicitaba un amplio acuerdo político y social, con participación de las comunidades autónomas y de agentes sociales y económicos, para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de atención a la dependencia.

Dicho acuerdo debería orientarse a garantizar la financiación necesaria y participación del Estado, a corto y medio plazo, en base a los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas y, más allá del horizonte de 2015, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en políticas de atención a la dependencia.

Un calendario de implantación

La norma fue aprobada en 2006 en el Parlamento y contaba con un calendario de implantación que debía desplegarse de forma gradual hasta 2015, de forma que fueran atendidas en primer lugar las situaciones más graves y, posteriormente, el resto, según ha explicado el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo.

Además, el PSOE recuerda que una de las primeras medidas del actual Gobierno fue la decisión de paralizar el calendario de aplicación de la Ley impidiendo a casi 400.000 personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.

Posteriormente, critica en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se eliminara la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros, lo que implicaba un recorte total de 566 millones de euros, si se sumaban las aportaciones de las comunidades autónomas.

Una reforma del sistema de dependencia

Igualmente, a mediados de julio del presente año el Pleno del Congreso ratificó el decreto de 13 de julio de medidas antidéficit para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que, entre otros puntos, establecía una reforma del Sistema de Dependencia que recorta prestaciones y aumenta el copago.

Esta norma modificaba el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, por un lado, rebajaba un 15 por ciento las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y restringe los pagos con carácter retroactivo y, por otro, revisaba al alza el copago al introducir nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios.

A partir de ese momento el PSOE inició una ofensiva en todas las ciudades de España, donde la secretaria de Política Social y también diputada, Trinidad Jiménez, aseguró que su partido iba a presentar iniciativas parlamentarias e iba a denunciar ante los tribunales de Justicia este decreto que establece el copago en la dependencia.

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