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BEBÉS ROBADOS

Gallardón incluirá a los bebés robados en el nuevo Estatuto de la Víctima y promoverá su acceso a los datos sanitarios

Discrepa del archivo de las denuncias por los jueces y está abierto a estudiar la prescripción de estos casos en el nuevo Código Penal.

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Alberto Ruiz-Gallardón Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que incluirá a los afectados por el 'robo de bebés' en el nuevo Estatuto de la Víctima y que promoverá en Europa que se facilite el tratamiento y acceso a los datos sanitarios cuando la finalidad sea determinar la filiación natural.

A su juicio, el drama de los 'bebes robados' constituye una de las "heridas más graves y humillantes" que pueden padecer, no solo los afectados, sino toda la sociedad. "Muchas veces tenemos que sentir vergüenza como país de haber podido coexistir y convivir durante tantos años y no solo durante el régimen de la dictadura, sino también con el régimen de la democracia, con un hecho contrario a los más elementales derechos humanos", ha dicho.

Así ha respondido en una interpelación, cuya moción consecuente se votará en el Pleno de la Cámara Baja, en la que la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, le ha pedido medidas "eficaces" para poner fin al archivo "masivo y abusivo" de las denuncias de las víctimas.

Durante su intervención, el titular de Justicia ha asegurado que la Fiscalía General del Estado y el Gobierno harán "todo lo que legalmente esté en su mano" para que se haga Justicia y para que los afectados no tengan dudas sobre su filiación.

Eso sí, ha subrayado que el Ejecutivo no puede "violentar" la independencia judicial de todos los magistrados a la hora de archivar o investigar las denuncias. Según ha confesado, discrepa de su sobreseimiento aunque es una potestad de los magistrados.

En este sentido, ha defendido la "valentía" y la "sensibilidad" del Ministerio Público al recurrir el sobreseimiento o calificar los hechos como delitos de detención ilegal permanente, aumentando así el plazo de prescripción.

El ministro ha mostrado su disposición a modificar el plazo de prescripción aplicable a estas sustracciones en el nuevo Código Penal, aunque ha recordado que este cambio no podría tener un efecto retroactivo.

Abogado de oficio e información en poder de religiosos

Desde la tribuna del hemiciclo, Gallardón ha adelantado que su departamento está impulsando la introducción de una enmienda en la propuesta a reglamento del Consejo Europeo dirigida a "facilitar el tratamiento y el acceso a los datos sanitarios cuando su finalidad sea determinar la filiación natural". "La principal pretensión es conocer su origen e identidad", ha agregado.

Además, ha recalcado que el Estatuto de la Víctima en el que trabaja el Ministerio también protegerá a los afectados por el 'robo de bebés'. A su juicio, es oportuno que el orden penal deje de pensar especialmente en el reproche "merecido" al autor del delito para prestar también atención a la víctima. "Este es un supuesto sangrante", ha agregado.

La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha sido la encargada de dirigir esta interpelación al ministro instándole a que el Gobierno requiera a todas las instituciones públicas o privadas que entreguen a los solicitantes sus datos sobre su nacimiento o identidad aunque no exista orden judicial y siempre que la ley lo ampare. Entre estas instituciones, ha aludido a órganos religiosos, hospitales o Casas Cuna.

Díez ha defendido el derecho a las víctimas a tener asistencia jurídica gratuita para tener abogado y procurador de oficio. Además, ha apostado por que la Fiscalía cree una sección especializada para investigar esta "trama delictiva" y acabe con la falta de seguridad jurídica suscitada por la disparidad de criterios entre los fiscales territoriales.

Entre otras medidas, la portavoz de la formación magenta ha abogado por dar un "reconocimiento institucional" a todos los familiares que fueron separados tras el nacimiento las adopciones "forzadas", así como por inaugurar un oficinas en todas las comunidades autónomas para atender y prestar un asesoramiento jurídico a los afectados.

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