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CONSULTA

Navarra. Solicitud de prórroga en el plazo concedido para la demolición de instalación no legalizable

En un expediente de restauración de la legalidad urbanística y tras declarar como no legalizable la instalación de una casa de madera (desmontable tipo camping),(...)(más)

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En un expediente de restauración de la legalidad urbanística y tras declarar como no legalizable la instalación de una casa de madera (desmontable tipo camping), se ha requerido al interesado su demolición y retirada en un plazo de tres meses, pero ahora dice que se le otorgue un plazo máximo de un año para que pueda venderla y así trasladarla a otro lugar.

¿Podemos otorgarle el plazo solicitado? Y si se concede, ¿en qué condiciones y con qué garantías? ¿Quién sería competente para ello?.

Respuesta

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanismo de Navarra (LFOTU) -EDL 2002/55808-, no establece plazo alguno para que se lleve a cabo la demolición. Así, el art. 199.b) -EDL 2002/55808- establece que si las obras no se pudieran legalizar, el Ayuntamiento "decretará la demolición, reconstrucción o cesación definitiva de la obra o del uso en la parte pertinente a costa del interesado".

En el caso que nos ocupa, según se desprende de su relato, la decisión que ha adoptado el Municipio es la demolición.

Por su parte, el art. 204.2 LFOTU -EDL 2002/55808- afirma que "la reposición de la realidad física alterada se ordenará en el procedimiento de protección de la legalidad urbanística, o en su defecto, en el procedimiento sancionador, disponiendo la ejecución de las operaciones necesarias para devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior a la vulneración, fijando los plazos de iniciación y de terminación".

De la lectura de este último precepto se extrae la conclusión de que debe ser el decreto del Ayuntamiento el que, en atención a las circunstancias de cada caso en concreto, establezca el plazo en que el particular deba reponer la realidad física alterada por su actuación incompatible con el planeamiento vigente, por lo que, como se indica, de la lectura de los artículos de la legislación navarra aplicables al caso objeto de esta consulta se extrae la consecuencia de que, aunque no sea lo habitual y supone una excepción, se puede conceder la prórroga solicitada por el particular, pues no existe precepto alguno que lo impida. Como hay una resolución anterior dictada por el Ayuntamiento otorgándole al particular un plazo de tres meses para la demolición, deben anularse los efectos de dicho acto administrativo. Al no existir, como se ha comentado, ninguna prohibición en la legislación estatal ni navarra para que dicha anulación tenga lugar y tratarse de un acto de gravamen, los efectos de la resolución anterior se pueden anular, de acuerdo con lo establecido en el art. 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC) -EDL 1992/17271-, que regula la revocación de los actos administrativos de gravamen.

Si se otorga dicha prórroga, las condiciones a que debe sujetarse la misma son las generales de la Ley. Es decir, habrá que advertir al particular que debe restablecer la realidad alterada y, por lo tanto, reponer la realidad física a la situación anterior a la actuación de uso del suelo que ha llevado a cabo. Además, es conveniente que la resolución que autorice dicha prórroga motive dicho otorgamiento, pues hay una resolución anterior que va a quedar sin efecto por la que, en su caso, se adopte aceptando la prórroga propuesta.

El otorgamiento de la prórroga es un hecho no prohibido, como hemos visto, pero excepcional, por lo que hay que motivarlo bien para que no suponga la creación de un peligroso precedente en el Municipio.

La competencia para el otorgamiento de la prórroga es del Alcalde, que es quien posee, asimismo, la competencia para dictar el decreto originario que ya han dictado exigiendo la demolición.

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