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PGE/JUSTICIA

El Ministerio de Justicia cuenta con 66 millones menos, un 4,2% menos, pero mantiene el gasto en Justicia Gratuita

Reduce el gasto en inversiones en 13,25 millones aunque el recorte para nuevas tecnologías en los tribunales no llega a 2 millones.

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El Presupuesto del Ministerio de Justicia para el próximo ejercicio se reduce en un 4,2 por ciento, hasta alcanzar los 1.507 millones de euros frente a los 1.574 millones de euros del año en curso. Entre sus partidas, mantiene el gasto en Justicia Gratuita y en modernización tecnológica en los juzgados y tribunales.

El Gobierno destinará un total de 1,542 millones de euros a políticas de Justicia, lo que arroja una reducción del 4,3% respecto al ejercicio en curso en el que se presupuestaron 1.612 millones de euros.

La dotación más amplia, como es habitual, corresponde a gastos de personal, que asciende a 1.259,66 millones de euros. Esta partida ascendió a 1.302 millones en 2012.

También se evidencia un descenso en la asignación del programa de inversiones, que baja de 90,31 millones de euros ejecutados en 2012 hasta 77,06 millones para el próximo ejercicio.

La partida dirigida a la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales sufre un pequeño recorte, al pasar de 53,57 millones a 52 millones de euros para 2012.

Asistencia a víctimas

En el capítulo de gasto social, se destacan los 34,15 millones de euros dirigidos a facilitar el acceso al beneficio de la Justicia Gratuita. El año pasado se destinaron 34,71 millones de euros para permitir que los ciudadanos que acrediten una insuficiencia de medios económicos puedan proveerse de profesionales que defiendan sus derechos e intereses legítimos en los juzgados.

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que regula una subida de las tasas judiciales en la Administración de Justicia para financiar el servicio de Justicia Gratuita y con las que espera recaudar 300 millones de euros. El texto está en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Además, una partida de 1,18 millones de euros sufragará la asistencia jurídica y psicológica de las víctimas d e delitos violentos y contra la libertad.

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