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BALANCE

Mariano Rajoy cumple su primer mes de Gobierno

Hoy se cumple un mes desde que Mariano Rajoy fuera investido presidente del Gobierno español. El 19 de diciembre se convertía en el sexto presidente de la democracia, y como se esperaba, el Congreso de los Diputados le otorgaba su confianza por 187 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones. Comenzaba una nueva legislatura, a la que Rajoy describía como "difícil" a la vez que mostraba su deseo de afrontarla "con ganas, ilusión y determinación para llevar a España adelante". Medidas económicas de ajuste y no pocas reacciones han sido el balance de este corto período de tiempo. Hacemos un repaso, a continuación, de los 30 primeros días del nuevo Ejecutivo.

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Mariano Rajoy Mariano Rajoy

Un mes ha pasado desde que Mariano Rajoy pronunciara su discurso de investidura. El Congreso de los Diputados le otorgó su confianza el pasado 19 de diciembre y como nuevo presidente del Gobierno, daba comienzo a la X Legislatura de la democracia. Rajoy marcaba en su discurso las primeras directrices de su gobierno: la estabilidad presupuestaria y el ahorro de 16.500 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit.

Control del déficit público

El primer objetivo del nuevo Gobierno para el control del déficit público se materializó en el Decreto Ley de medidas urgentes de orden económico y social, una norma que señaló como "necesaria" para prorrogar aquellas partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 que se van a aplicar en los primeros meses de 2012 y que no se prorrogan automáticamente. El Real Decreto contenía las siguientes medidas principales:

1- Incremento en un 1% de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012, para la recuperación de su poder adquisitivo.

2- Recuperación de la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010. Esta medida se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2011.

3-Mantenimiento íntegro de las prestaciones por desempleo. Prórroga, a partir de febrero, de los 400 euros a los parados que hayan agotado su prestación.

4- Establecimiento de IVA reducido del 4% para la adquisición de vivienda a partir de 2012. Con esta medida se pretende ayudar a la reactivación del mercado de viviendas.

5- Mantenimiento del sueldo de los funcionarios y congelación de la tasa de reposición de las plantillas, excepto para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para los Cuerpos de lucha contra el fraude de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social.

6- Incremento del horario laboral de los funcionarios, que pasa a 37,5 horas semanales en todo el territorio nacional. Se puede mantener el horario de 35 horas semanales con una reducción de salario proporcional.

7- Mantenimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 641,40 euros (con catorce pagas) para 2012.

8- Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

9- Creación en el IRPF de un gravamen complementario, temporal y progresivo. El gravamen se aplicará en los ejercicios 2012 y 2013 sobre todos los tramos de base liquidable general actualmente vigentes para aplicación de la tarifa estatal. Los porcentajes aplicables oscilan entre el 0'75% para el primer tramo de la tarifa, el correspondiente a las rentas más bajas, hasta el 7% para las rentas superiores a 300.000 euros, tramo que se crea nuevo para este gravamen.

También se establece el gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2% para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6% para rendimientos superiores a 24.000 euros.

10- Incremento del tipo impositivo del IBI. Al objeto de que las entidades locales no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria, se establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del IBI. Se estima que la reforma supondrá un incremento de la recaudación para las Entidades locales de 918 millones de euros.

Este incremento se ha establecido de una manera progresiva (10%, 6%, 4%) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. Además, para evitar penalizar a las rentas más bajas, se ha excluido del incremento al 50 % de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2001.

También están exentas de esta subida las viviendas cuyo valor catastral ha sido revisado en los años en que el valor de los inmuebles era más alto (2005-2007).

11- Participación de los entes locales en los tributos del Estado. Se actualizan exclusivamente las referencias temporales mencionadas en el art. 107.Dos.a) de la prorrogada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Las certificaciones relativas a la información del esfuerzo fiscal a suministrar por las Corporaciones Locales deberán referirse al año 2010 y presentarse antes del 30 de junio de 2012. La revisión cuatrianual prevista en el art. 114 TRLRHL se realizará en los términos que prevea la futura Ley de Presupuestos de 2012.

12- Prórroga para el año 2012, del Apartado dos del art. 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción dada por la Disp. final decimoquinta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los términos del precepto citado en el párrafo anterior y del art. 53 TRLRHL, se tendrán en cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la de estabilidad presupuestaria. A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012.

13- Renovación de la prórroga sobre excepciones a la aplicación de los nuevos criterios de valoración de suelo prevista en la Disp. transitoria tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo. Se amplía hasta cinco años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el plazo transitorio para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo.

Medidas para la Banca

El Real Decreto incluye materias ajenas al ajuste presupuestario, como la prórroga durante 2012 de la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros, que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha justificado para evitar la sequía de crédito.

También se revisan las condiciones en las que una caja se convertía en fundación si poseía menos del 50% de las acciones del banco que gestione su negocio, eliminando este umbral, de forma que en la nueva redacción dada por el decreto se alude simplemente a una situación en que "deje de ostentar el control".

Control del fraude

El Gobierno anunció un plan general del control del fraude para 2012 con el que espera elevar la recaudación de 8.171 millones de euros. Asimismo, se intensificará la investigación del fraude fiscal, así como el control en la fase recaudatoria.

El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

Otra de las novedades que estudia el Ministerio de Hacienda será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.

El nuevo plan de control tributario facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.

La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas 'antiabuso' son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.

Prioridades en los primeros meses de 2012

Los primeros meses de 2012 están marcados por tres objetivos fundamentales: la Ley de estabilidad presupuestaria, la restructuración financiera y la reforma laboral.

1- Estabilidad presupuestaria: techo de gasto en las CCAA y supresión de organismos públicos.

El Gobierno pondrá en marcha sanciones para las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit, que incluso podrían suponer la "intervención" del Estado y tutelar los planes de reequilibrio de dichos territorios.

Estas las sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de los incumplimientos de las comunidades, aunque se respetarán las competencias autonómicas. "Puede llegarse a una intervención temporal", ha dicho el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras asegurar que la idea es trasladar lo que marca la gobernanza europea, incluso a la hora de cuantificar las sanciones.

Esta medida forma parte de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, un "elemento clave" para el control del déficit público y para avanzar en el crecimiento económico y la creación de empleo. Para el Gobierno, los objetivos básicos de la norma son garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la economía española y cumplir con los compromisos asumidos ante la Unión Europea.

Además del procedimiento sancionador, los aspectos fundamentales de la futura Ley son los siguientes:

-La especificación de un límite de déficit estructural que deje claro el margen de maniobra y de actuación de todas las Administraciones Públicas y que dé carácter estabilizador a la política fiscal.

-Establecimiento de un límite de deuda pública como garantía de la sostenibilidad presupuestaria.

-La formulación de en un marco presupuestario a medio plazo, dentro del que se incluye la elaboración del Presupuesto, pero también una programación mucho más amplia.

-Al finalizar el periodo transitorio, todas las Administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit. Se cumple esta obligación cuando el déficit estructural no supere el 0,4 % del PIB.

-La deuda de las administraciones públicas no podrá superar en conjunto el valor de referencia del 60% del PIB salvo en caso de circunstancias excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria.

-Tanto el Estado, como las comunidades autónomas y las grandes ciudades, deberán aprobar un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos, que incorporará la normativa europea, con mecanismos que permitan corregir la desviación en el déficit y en la deuda, en el caso de que se produzcan.

-A todo proyecto de Presupuestos de cada Administración Pública deberá acompañar la equivalencia y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.

-Los presupuestos deberán recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de fórmulas de pago aplazado.

Por otra parte, el Gobierno se mostró partidario de una restructuración del sector público, concretado en más de 4.000 entidades pertenecientes a las administraciones públicas. Una tarea que ha de ser compartida entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

En este sentido, el Gobierno prevé la supresión de 450 organismos públicos, fundaciones y empresas públicas, un recorte progresivo y que se llevará a cabo "en pocos meses".

2- Restructuración del sistema financiero.

En otro sentido, el Gobierno está trabajando el la restructuración del sistema financiero, una reforma que “contemplará más fusiones bancarias” y que debe realizarse en los primeros 6 meses de año. Asimismo, se solicitará al gobernador del Banco de España un informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que hayan necesitado el apoyo de dinero público.

Sobre las fusiones bancarias, el Gobierno las considera “necesarias para que en España tengamos entidades con el tamaño suficiente para poder acudir a los mercados mayoristas de financiación, y que sean consideradas como entidades viables a futuro”.

3- Por último, agentes sociales y Gobierno buscan acercar posiciones en la futura reforma laboral. Una norma muy esperada con la que se pretende fomentar las contrataciones. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha esbozado algunas de las líneas básicas de una reforma que quiere presentar en el primer trimestre del año.

Más de cinco millones de desempleados es el difícil punto de partida que ha de afrontar la titular de Empleo, un reto en el que el Gobierno “pondrá todo su empeño" para que la reforma laboral refuerce la empleabilidad de los parados. Para ello, Báñez ha destacado la necesidad de que las empresas privadas puedan trabajar junto al sector público en la búsqueda de empleo "con todas las consecuencias".

La ministra ha subrayado que el objetivo máximo de la reforma será el de contribuir a crear empleo y ha indicado que para ello se trabajará en cuatro líneas básicas: la empleabilidad ya mencionada; la estabilidad en el empleo; la formación a lo largo de toda la vida laboral, y la flexibilidad interna en las empresas para que "cuando vengan mal dadas", empresarios y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan vía despidos.

Los retos de Justicia

El pasado 22 de diciembre tomaba posesión de su cargo como nuevo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, quien se mostró comprometido a preservar los principios de independencia e imparcialidad en las instituciones judiciales y también en el Ministerio Fiscal. El ministro ha anunciado algunos objetivos como titular de Justicia:

- Elaboración de un Estatuto de la Víctima que recoja "sus derechos y medios de acceso a la información", así como su "protección jurídica y asistencia social y psicológica".

- Reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los requisitos en el acceso al Tribunal Constitucional. Ruiz-Gallardón se ha comprometido a emprender una modificación del sistema de designación del órgano de gobierno de los jueces y de los requisitos para el acceso de los magistrados del Tribunal Constitucional, órgano que se renovará de manera inmediata, "por supuesto, siempre en diálogo con la oposición".

- Para acabar con el "desfase" de la Administración de Justicia, pretende simplificar los procedimientos, el refuerzo del principio de oralidad, la incorporación de los juicios rápidos en el orden civil, el desarrollo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Arbitraje.

Incluida en estas medidas que permitan avanzar en la agilización de los procedimientos judiciales, la que más controversias ha originado sin duda, es la posible supresión de la inhabilitación del mes de agosto para la tramitación de causas. Para Alberto Ruiz-Gallardón, el objetivo es fomentar la seguridad jurídica en nuestro país como factor de competitividad frente a la actual situación de crisis.

- Sin duda, una de las prioridades legislativas del nuevo Gobierno en materia de Justicia es la reforma del Código Penal para “tratar de forma adecuada” la multirreincidencia, uno de los compromisos adquiridos por el Partido Popular durante la campaña electoral. Asimismo, se espera también una reforma de la Ley de Extranjería para aquellos inmigrantes reincidentes que cometan un delito sean expulsados del país aunque se encuentren en España de forma legal.

Además, el Gobierno estudia exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, puesto que en un "Estado democrático, las responsabilidades penales tienen que atenerse al principio de legalidad y sólo se pueden establecerse por la vía del Código Penal".

- Por último, el titular de la cartera de Justicia resaltó la necesidad de que la nueva Oficina Judicial funcione, la homologación de los distintos sistemas informáticos de la Administración de Justicia, la vinculación de la cooperación jurídica internacional a las mismas prioridades de toda la acción exterior española o el mantenimiento de relaciones fluidas con las distintas confesiones.


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