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JUSTICIA

La vocal Margarita Robles elaborará la propuesta de informe de la reforma del CGPJ

La vocal, designada a propuesta del PSOE, fue la responsable de otras dos ponencias muy críticas contra las tasas y el nuevo Código Penal.

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La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha sido designada para elaborar la propuesta de informe sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces que ha sido proyectada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El anteproyecto que contempla la eliminación de la dedicación exclusiva para la mayoría de vocales y que refuerza la participación de los jueces no asociados ha llegado esta misma semana a la Comisión de Estudios e Informes, tras haber sido aprobado el pasado 21 de diciembre en el Consejo de Ministros.

La vocal dispone del plazo de un mes para realizar el borrador, a no ser que se le comunique que debe tramitarlo por la vía de urgencia. El texto será discutido por la citada Comisión, compuesta además por el vocal designado a propuesta del PSOE Carles Cruz, los vocales propuestos por el PP Concepción Espejel y Claro José Fernández-Carnicero y la vocal propuesta desde CiU Margarita Uría.

El proyecto será elevado posteriormente al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha recibido ya dos ponencias críticas elaboradas también por Margarita Robles sobre las dos principales medidas legislativas impulsadas por Gallardón, como es la ley de tasas y el nuevo Código Penal.

El preceptivo informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la nueva ley de tasas contenía términos muy duros contra la aplicación de estas obligaciones. "Más allá de la previsible reducción de la litigiosidad propiciada por el efecto disuasorio de la tasa, no se vislumbra cómo la proyectada reforma pueda incrementar la eficacia y racionalización de la Administración de Justicia", señalaba el texto.

El Pleno estudiará el próximo 16 de enero el informe, que tampoco es vinculante, sobre el nuevo Código Penal. Este texto duda de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, las medidas más novedosas que introduce el ministro en el ordenamiento jurídico español.

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