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JUSTICIA

La Comunidad de Madrid inicia la creación de un nuevo núcleo penal en Madrid

La Comunidad de Madrid está dando ya los primeros pasos para crear un nuevo núcleo penal en Madrid capital, en la zona de San Blas, que concentrará en tres edificios situados en un radio de 100 metros un total de 56 juzgados, con espacio adicional para nuevos órganos judiciales.

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Nueva sede de la Audiencia Provincial de Madrid

La creación de un nuevo núcleo penal en Madrid capital es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Choque para las infraestructuras judiciales de la región que ha impulsado la Consejería de Presidencia, en línea con el objetivo de agrupar sedes judiciales para reducir la dispersión y reforzar la funcionalidad y seguridad de la actividad judicial.

Para ello, la Dirección General de Justicia ha alquilado un nuevo edificio de 20.596 metros cuadrados en la calle Albarracín 31, que se está adaptando para acoger sedes judiciales que, en la actualidad, se encuentran en otras zonas de la capital. De esta manera, el nuevo edificio y los cercanos de las calles Julián Camarillo 11 y Hermanos García Noblejas 37 concentrarán 31 juzgados de lo Penal más uno de refuerzo, seis de lo Penal de Ejecutorias, 11 de Violencia sobre la Mujer y siete de Menores. Además, hay espacio en reserva para nuevos órganos judiciales. El nuevo núcleo penal completa al que ya existe en Plaza de Castilla, donde se agrupan 54 juzgados de Instrucción, seis juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el juzgado de Guardia.

Garrido ha ofrecido estos detalles durante su visita a la nueva sede de la Audiencia Provincial, en la calle Santiago de Compostela 100 de la capital, que concentra las 12 secciones civiles (que estaban en la calle Ferraz 41) y, próximamente, la sección de lo Mercantil (hasta ahora en la calle General Martínez Campos 27) en un edificio de 10 plantas y 6.214 metros cuadrados.

De esta manera, la actividad de la Audiencia Provincial queda agrupada en dos edificios cercanos, al mantenerse las 15 secciones penales y la Fiscalía Provincial en el número 96 de la misma calle Santiago de Compostela. La única excepción son las dos secciones civiles especializadas en familia que, por razones de eficiencia y funcionalidad, seguirán en la calle Francisco Hervás 10, junto a los juzgados civiles de esta especialidad.

Compromiso cumplido

El consejero ha subrayado que la unificación de la Audiencia Provincial se convierte, así, en el primer compromiso cumplido de la reagrupación de sedes que prevé el Plan de Choque para las infraestructuras judiciales. En la adaptación ya concluida del nuevo edificio y en las obras de modernización de la sede penal, que se prevé que estén terminadas en febrero y que se están realizando sin paralizar la actividad judicial, la Comunidad de Madrid va a invertir cerca de 7 millones de euros.

En su visita Garrido ha estado acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, por el de la Audiencia Provincial, Eduardo de Porres, así como por la viceconsejera de Presidencia y Justicia, Isabel Díaz Ayuso, y por la directora general de Justicia, Yolanda Ibarrola. El consejero ha agradecido especialmente a Eduardo de Porres y al fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, su implicación y ayuda en todo el proceso de agrupación de la Audiencia Provincial.

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Choque para las infraestructuras judiciales impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, que este año 2017 cuenta con un presupuesto de 7,05 millones de euros. Una inversión que se va a más que duplicar el año que viene, hasta alcanzar los 18,2 millones de euros, según lo previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de 2018 que, en la actualidad, se tramita en la Asamblea de Madrid.

Una de las prioridades en la modernización de las sedes judiciales es la reagrupación de sedes, de manera paulatina y programada, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de la Administración de la Justicia a los ciudadanos, así como de optimizar las condiciones de trabajo y seguridad de quienes trabajan en los juzgados. La unificación de sedes judiciales va a permitir, además, acabar con los problemas que genera la dispersión, como disfunciones administrativas o suspensiones de juicios por no asistencia de las partes, así como reducir gastos en materia de alquileres, seguridad, limpieza, mantenimiento y transporte de documentación entre la sedes.

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