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MADRID/JUSTICIA

Madrid presenta un plan para la mejora de las sedes judiciales

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un Plan de choque para las infraestructuras judiciales de la región en 2017, con una inversión de 7,05 millones de euros.

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Comunidad de Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, detalló hace unos días la primera fase de este Plan, que atenderá las necesidades de las sedes judiciales consideradas más urgentes y que puedan adjudicarse y ejecutarse en un plazo de seis meses. Se prevé acometer más de 100 actuaciones, que beneficiarán a todos los partidos judiciales.

En esta primera fase se van a invertir 1,85 millones de euros, el 100% de las posibilidades presupuestarias que existen con los Presupuestos regionales prorrogados actualmente en vigor. El resto de las inversiones del Plan de choque se podrán acometer un vez se aprueben los Presupuestos de 2017. Garrido ha avanzado que el Plan tiene como ejes las medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes, las relacionadas con seguridad y la reubicación de las sedes judiciales que se encuentran en peor estado o en las que se han detectado necesidades significativas de espacio.

Los técnicos de la Dirección General de Justicia han elaborado el catálogo de actuaciones previstas en esta primera fase del Plan a partir del trabajo previo realizado en la inspección de las sedes judiciales de la Comunidad y de la documentación que ya obraba en su poder. Además, han tenido en cuenta las reclamaciones planteadas por todos los decanos de la Comunidad de Madrid, así como por jueces titulares, Fiscalía, letrados o sindicatos de la Administración de Justicia.

Según ha avanzado Garrido, las actuaciones previstas en mantenimiento de sedes judiciales en la primera fase del Plan de choque se van a centrar en medidas de adecuación en materia contraincendios y de evacuación; la subsanación de deficiencias detectadas en instalaciones eléctricas y centros de transformación; la reforma o reparación de las instalaciones de climatización; y la reparación de ascensores.

También se va a proceder a pintar las sedes; a la reparación de ventanas y puertas; al arreglo de goteras y humedades y a la impermeabilización de cubiertas; así como a realizar mejoras en la ventilación y las instalaciones de iluminación.

Sedes judiciales

En Madrid capital, estas medidas se llevarán a cabo en sedes judiciales como las de Plaza Castilla, la Audiencia Provincial (tanto en la sección Civil como en la Penal), en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil o en los de Violencia sobre la Mujer, entre otras.

En Madrid periferia están previstas actuaciones del Plan de choque en sedes como las de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz o Valdemoro, entre otras.

Garrido ha apuntado que, dentro del segundo eje del Plan de choque, el de la seguridad de las personas, las medidas que se van a adoptar van a estar centradas en los planes de emergencia y autoprotección de las 71 sedes judiciales existentes en la región. En concreto, en la primera fase del Plan se va a tramitar, con carácter de urgencia, la contratación de la elaboración, revisión y actualización de estos planes, para su posterior implantación en todas las sedes.

En una segunda fase, se ejecutarán las obras necesarias para poder aplicar los planes de emergencia y autoprotección, se formará a los equipos vinculados a ellos y se realizarán los simulacros pertinentes.

Reubicación de sedes

“El tercer eje de esta primera fase de actuaciones del Plan de choque consiste en dejar sentadas las bases para el traslado de aquellas sedes que sea necesario”, ha explicado Garrido. En este caso, se van a tener en cuenta aspectos como la antigüedad de los edificios, la elevada densidad de ocupación o la existencia de problemas estructurales para cumplir con la normativa de accesibilidad o con garantías de seguridad como la preservación de la identidad de las víctimas, por ejemplo.

El consejero de Presidencia y Justicia ha recordado que los edificios más representativos de la Administración de Justicia se construyeron o fueron adaptados para su uso hace más de dos décadas, por lo que no cumplen en ocasiones con las necesidades actuales de la Justicia. A ello se añade la necesidad de contar con superficie para la instalación de nuevos juzgados, la creación de nuevos órganos judiciales o la ubicación de juzgados territoriales que atiendan necesidades temporales, como la litigiosidad derivada de las cláusulas suelo.

Por todo ello, ya se está buscando nuevos inmuebles para atender estas necesidades, con el criterio de proximidad a la sede principal y garantizando las condiciones de trabajo y seguridad de quienes trabajan en la Administración de Justicia.

“Estamos trabajando con el objetivo de llevar a cabo una renovación paulatina y programada de las sedes, aun tratándose de una intervención costosa”, ha indicado Garrido.

Renovación programada

Dentro de esta renovación programada, el Plan de choque incluye la agrupación de las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que aglutine los distintos órdenes jurisdiccionales.

Para ello, en este primer semestre está previsto firmar sendos convenios de colaboración con los Ayuntamientos de las dos localidades para la cesión de suelo donde poder ubicar las nuevas edificaciones.

También se va a buscar ubicaciones que ofrezcan una solución transitoria a la elevada ocupación de las sedes existentes en los dos municipios mientras se construyen las nuevas infraestructuras.

En Madrid capital, en los próximos meses también se va a sentar las bases para la reubicación de sedes con líneas de actuación principal: la creación de un núcleo Penal en una única zona de la ciudad, manteniendo además la sede de Plaza de Castilla; agrupación de las secciones de lo Civil y de lo Penal de la Audiencia Provincial; agrupación de los juzgados de Primera Instancia; y reubicación de las secciones de la Fiscalía que tienen una peor situación.

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