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MEDIO AMBIENTE

El MARM invertirá 87,11 millones de euros para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la comunidad gallega

El objetivo del Protocolo es establecer las bases y el marco de cooperación entre las Administraciones central y autonómica que concluya con la elaboración de los planes de zona.

Los planes de zona se aplicarán en 12 zonas rurales, 3 de ellas calificadas como a revitalizar y 9 intermedias, lo que supone el 53% de la población total gallega.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Protocolo General suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Xunta de Galicia, para la aplicación en esta Comunidad Autónoma de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.

El objeto de este protocolo general es definir las bases de colaboración y principales compromisos entre la Administración General del Estado y la Comunidad gallega que concluya con la elaboración de los planes de zona sobre las zonas rurales de la Comunidad Autónoma, de manera que posteriormente se pueda concertar la ejecución de sus actuaciones mediante el oportuno Convenio específico de colaboración.

La ejecución de esta iniciativa cuenta con una previsión presupuestaria de 170,14 millones de euros, cofinanciados a partes iguales por la Comunidad Autónoma y el MARM para las actuaciones de competencia autonómica. Además, a esta cantidad hay que añadir 2,11 millones de euros para las infraestructuras que se declaren de interés general y que las ejecutará el propio Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, así como a aquellas otras que puedan ejecutar los distintos departamentos ministeriales con cargo a sus propios presupuestos.

Los territorios en los que pondrá en marcha el Programa de Desarrollo Rural y sus correspondientes Planes de Zona son: Lugo central (zona revitalizar), Montaña lucense (zona revitalizar), y Depresiones Orensanas y Tierras del Sil (zona revitalizar); As Mariñas (zona intermedia); Lugo Sur (zona intermedia); Rías Altas e Arco Ártabro (zona intermedia); Terras de Santiago (zona intermedia); Costas da Morte e Rías Baixas Norte (zona intermedia); Miño Central (zona intermedia); Valdeorras (zona intermedia); Pontevedra Norte e Rías Baixas (zona intermedia); y Pontevedra Este y Terras do Miño (zona intermedia).

El Protocolo contempla la creación de una Comisión de Seguimiento como órgano de colaboración, cooperación e intercambio de información entre ambas administraciones para el proceso de elaboración de los planes y la futura concertación de las actuaciones.

Por parte de la Administración central, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM se constituye como órgano de gestión y coordinación operativa, tanto con los departamentos ministeriales encargados de la ejecución de las actuaciones, como con su homóloga en la Comunidad Autónoma, velando por su adaptación a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y a las previsiones del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

Por su parte, la Comunidad Autónoma ha creado el Consejo de Dirección de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural / Axencia Galega de Desenvolvemento rural (Agader), como órgano de coordinación institucional de las diferentes Consejerías, y se ha designado a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) como órgano encargado de la coordinación operativa y la elaboración de los proyectos de Planes de Zona, incluyendo la elaboración y ejecución del programa de participación pública para cada una de las doce zonas rurales.

La firma del protocolo de colaboración es el paso previo al convenio que suscribirán posteriormente la Xunta y el Gobierno. En ese acuerdo se concretarán las actuaciones previstas y la asignación presupuestaria de los diferentes Planes de Zona, que ya se están elaborando.

En estos momentos la Xunta se encuentra elaborando los proyectos de Planes de Zona, cuya ejecución supondrá que cerca de un millón y medio de personas, más de la mitad de la población gallega, verán beneficiadas sus condiciones socioeconómicas y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, con especial atención a las mujeres y jóvenes del medio rural gallego.

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