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CASTILLA Y LEÓN

El MARM invertirá 166,6 millones de euros para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la CCAA de Castilla y León

El objetivo del Protocolo es establecer las bases y el marco de cooperación entre las Administraciones central y autonómica que concluya con la elaboración de los planes de zona. Los planes de zona se aplicarán en 28 zonas rurales, todas calificadas como "a revitalizar" con primer nivel de prioridad, lo que supone más del 50% de la población rural de esta CCAA.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Protocolo General suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la aplicación en esta Comunidad Autónoma de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
El objeto de este protocolo general es definir las bases de colaboración y principales compromisos entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León que concluya con la elaboración de los planes de zona sobre las zonas rurales de la Comunidad Autónoma, de manera que posteriormente se pueda concertar la ejecución de sus actuaciones mediante el oportuno convenio de colaboración.
Para la ejecución de esta iniciativa el MARM invertirá 162,6 millones de euros, aportando la Comunidad Autónoma la misma cantidad, conformando un total de 325,27 millones de euros. Además, a esta cantidad se añaden 4,037 millones de euros para las infraestructuras que se declaren de interés general que financiará y ejecutará el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, así como aquellas otras que puedan ejecutar los distintos departamentos ministeriales con cargo a sus propios presupuestos.
Con la firma de este Protocolo se establecen los mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas administraciones así como los compromisos generales de las partes para la elaboración concertada de los doce Planes de Zona.
Los territorios en los que pondrá en marcha el Programa de Desarrollo Rural y sus correspondientes Planes de Zona, son:
• En Ávila, Ávila Norte, Ávila Centro
• En Burgos: Burgos Norte, Burgos Sudeste, Burgos Centro Oeste, Burgos Nordeste
• En León: León Norte, León Sudeste, León Suroeste
• En Palencia; Palencia Centro, Palencia Este, Palencia Norte, Palencia Suroeste
• En Salamanca: Salamanca Nordeste, Salamanca Sureste, Salamanca Suroeste, Salamanca Noroeste
• En Segovia: Segovia Oeste, Segovia Este
• En Soria: Soria Norte, Soria Oeste, Soria Este, Soria Sur
• En Valladolid: Valladolid Norte
• En Zamora: Zamora Noroeste, Zamora Nordeste, Zamora Centro Oeste, Zamora Suroeste.
En total, 28 zonas rurales, todas calificadas como a revitalizar con primer nivel de prioridad, y que suponen más del 50% de la población rural de Castilla y León.
Tal como contempla el Protocolo, se creará una Comisión de Seguimiento como órgano de colaboración, cooperación e intercambio de información entre ambas administraciones para el proceso de elaboración de los planes y la futura concertación de las actuaciones.
Por parte de la Administración central, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM se constituye como órgano de gestión y coordinación operativa, tanto con los centros directivos ministeriales encargados de la ejecución de las actuaciones, dentro del marco institucional de coordinación de la Conferencia Interministerial para el Medio Rural, como con su homólogo en la Comunidad Autónoma, así como a participar con la Comunidad Autónoma en la elaboración de los planes de zona, velando por su adaptación a la Ley y a las previsiones del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
La comunidad autónoma castellano-leonesa, por su parte, ha creado la Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo Rural, como órgano de coordinación institucional entre las distintas Consejerías de la Comunidad Autónoma competentes en la aplicación del PDRS en la comunidad, y se ha designado a la Viceconsejería de Desarrollo Rural como el órgano encargado tanto de la coordinación operativa por parte de la Comunidad Autónoma como de la elaboración de los proyectos de Planes de Zona, incluyendo la elaboración y ejecución del programa de participación pública obligatorio para cada zona rural.

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