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Economía

El Congreso cita a sindicatos y patronal el 6 de junio para recabar su opinión sobre la ley de transparencia

La Comisión Constitucional del Congreso ha decidido citar el próximo 6 de junio a sindicatos y patronal para recabar su opinión sobre la futura Ley de Transparencia, una norma que va a afectar a los agentes sociales.

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Este es el acuerdo al que han llegado este jueves la Mesa y los portavoces de la Comisión Constitucional, encargada de tramitar el proyecto de ley del Ejecutivo en esta materia. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, se remitirá una citación genérica a cada una de estas organizaciones y ellas decidirán quién comparece en el Congreso.

El acuerdo para escuchar a las principales centrales sindicales y a la patronal se ha adoptado por unanimidad, pese a que hace unas semanas el PP había puesto pegas a alargar aún más el trámite de comparecencias que se inició el pasado mes de enero. Finalmente, esta invitación a empresarios y sindicatos no alterará el calendario de tramitación que el Gobierno y los grupos cerraron la semana pasada.

Primer debate, en una semana

De hecho, el proyecto del Ejecutivo arrancará formalmente su camino en la Cámara el próximo jueves, 30 de mayo, con el debate en Pleno de las enmiendas de totalidad que han presentado todos los grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PSOE, y del texto alternativo registrado por ERC. Ese día la defensa del proyecto de ley correrá a cargo de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.

La semana siguiente tendrán lugar las comparecencias de sindicatos y empresarios y, ya el 11 de junio, los grupos parlamentarios presentarán sus enmiendas parciales. En ese trámite el Gobierno, a través del Grupo Popular, pondrá sobre la mesa su propuesta para regular la inclusión en la ley de aquellos entes e instituciones que no figuran en la redacción inicial del proyecto de ley. El resto de grupos hará lo propio.

Será entonces cuando cada formación concrete sus fórmulas para dar cabida en la norma a las entidades privadas que reciben fondos públicos, como es el caso de los agentes sociales, los partidos políticos, las empresas y organizaciones no gubernamentales que reciben subvenciones y también las confesiones religiosas.

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