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NOVEDAD LEGISLATIVA

Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

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Trascendencia y finalidad

Esta Ley tiene como finalidad regular los procesos de actuación temprana y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión establecidas en España, así como establecer el régimen jurídico del «FROB» como autoridad de resolución ejecutiva y su marco general de actuación, con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero minimizando el uso de recursos públicos.

El régimen establecido en la misma constituye un procedimiento administrativo que procura la máxima celeridad en la intervención de la entidad, en aras de facilitar la continuidad de sus funciones esenciales, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad en el sistema económico y en los recursos públicos.

Con esta norma se lleva a cabo la trasposición de la Directiva 2014/59/UE, así como de la Directiva 2014/49/UE, relativa a los sistemas de garantías de depósitos, y se introducen aquellas previsiones que permiten la correcta articulación y coordinación del sistema español de resolución y el europeo, que habrá de estar plenamente operativo a partir del año 2016.

Ámbito material

El Capítulo I contiene las disposiciones de carácter general, destacando como gran novedad la aplicación no solo a las entidades de crédito sino también a las empresas de servicios de inversión.

El Capítulo II regula el procedimiento de actuación temprana, entendido como aquel que se aplicará a una entidad cuando ésta no pueda cumplir con la normativa de solvencia pero esté en disposición de retornar al cumplimiento por sus propios medios.

El Capítulo III recoge la definición y el proceso de elaboración de los planes de resolución, que contendrán las medidas que el FROB, en principio, aplicará en caso de que la entidad resulte finalmente inviable y no proceda su liquidación concursal.

En el Capítulo IV se regula el procedimiento de resolución entendido como aquel que se aplica a una entidad cuando sea inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro y por razones de interés público y estabilidad financiera sea necesario evitar su liquidación concursal.

El Capítulo VI se destina a la llamada recapitalización interna, cuyo objetivo es minimizar el impacto de la resolución sobre los contribuyentes, asegurando una adecuada distribución de los costes entre accionistas y acreedores.

El Capítulo VII introduce ligeras novedades en la composición del FROB. También, como novedad, se crea un Fondo de Resolución Nacional, que tendrá como finalidad financiar las medidas de resolución que ejecute el FROB, quien ejercerá su gestión y administración.

El Capítulo VIII recoge un régimen procesal que regula las particularidades de los recursos contra los actos dictados por el FROB y de las decisiones adoptadas en los procesos de actuación temprana y resolución.

El Capítulo IX regula un régimen sancionador propio para las entidades y las personas que ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, en el caso de que infrinjan las obligaciones previstas en esta Ley.

En las disposiciones adicionales se recoge, entre otros aspectos, el régimen aplicable a los depósitos en caso de que una entidad de crédito entre en concurso.

También se incluye una modificación del régimen jurídico del Fondo de Garantía de Depósitos, que armoniza el funcionamiento de estos fondos a escala europea.

Además, se establece un nivel objetivo mínimo que deberán alcanzar los recursos del compartimento de garantía de depósitos que será del 0,8 por ciento de los depósitos garantizados, pudiendo reducirse este nivel al 0,5 por ciento previa autorización de la Comisión Europea.

En las disposiciones finales procede a adaptar la legislación a esta norma, modificando, entre otras, la Ley del Mercado de Valores, la Ley Concursal así como la Ley de Sociedades de Capital.

Vigencia

La presente disposición ha entrado en vigor el 20 de junio de 2015.

No obstante, las normas sobre recapitalización interna contenidas en el Capítulo VI entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 y lo previsto en el nuevo art. 12.1 introducido por la disp. final décima entrará en vigor el 3 de julio de 2017.

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