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LOPD

La reforma de la Ley de Protección de Datos podría iniciar un cambio en el tratamiento de las pymes

Reordena y rebaja ciertas infracciones e introduce más supuestos para graduar las multas, como la dimensión de las empresas. Asimismo, sigue siendo una norma muy estricta para las empresas, en comparación con Europa.

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El Registro de Economistas Auditores de Sistemas de Información, RASI, órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas, ha analizado la nueva reforma de la LOPD, que se ha introducido en la Ley de Economía Sostenible y entre los aspectos más destacables como positivos se encuentra el apercibimiento como medida a aplicar antes de la sanción, que no existía en la Ley anterior: de forma excepcional el órgano sancionador de la AGPD podrá no acordar la apertura del procedimiento sancionador y sustituirlo por apercibir al sujeto responsable para que en un plazo acredite la adopción de medidas correctoras, siempre y cuando el sujeto no hubiera sido sancionado o apercibido con anterioridad (se trate de infracciones leves o graves).

En el resumen comparativo que se adjunta, se observa que ésta reforma supone una nueva graduación de las infracciones, más acorde con la realidad, por lo que en principio, salvo algún aspecto particular, en general resulta un poco menos estricta en determinados aspectos que la LOPD vigente. No obstante, advertimos que el intervalo sancionador superior, se mantiene en los 600.000 euros para las infracciones muy graves y en las graves también permanece el límite superior en 300.000 euros, lo que parece elevado a juicio del RASI del Consejo General de Economistas. Además la franja inferior (infracciones leves) se ha incrementado desde los 600 a los 900 euros. Sin embargo, el umbral superior de las infracciones leves se ha reducido de 60.000 a 40.000 euros y el correspondiente a las infracciones graves se ha bajado a partir de 40.001 euros (antes era a partir de 60.001 euros).

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich señala que: "Cuando se crean nuevos requisitos legales, es importante estudiar que su aplicación es amigable, posible y realista con la estructura económica de nuestras pymes, al objeto de que las leyes sean eficaces para conseguir el fin previsto y no se conviertan en un brindis al sol".

En opinión del presidente del RASI-CGCEE, Alonso Hernández, "debería haber mayor debate en esta reforma y una mayor participación de las distintas organizaciones involucradas en protección de datos, teniendo en cuenta que se trata de una Ley Orgánica y que esta reforma ha sido introducida a través de una enmienda en la última fase del Senado del Proyecto de Ley de Economía Sostenible".

Asimismo, Alonso Hernández, especialista en Sistemas de Información, señala que: "encontramos, por otro lado, positiva la inclusión de más supuestos a tener en cuenta en la graduación de las infracciones. Entre ellos se encuentra, el volumen de negocio o actividad del infractor, por lo que parece que se está refiriendo a si se trata de una gran empresa o una pyme. Este criterio corrector está en la línea defendida desde el Consejo General de Colegios de Economistas desde hace años y transmitida a la Agencia de Protección de Datos, a favor de una específica regulación o consideración de protección de datos para las pymes, así como en la consulta remitida recientemente desde RASI-CGCEE a la Comisión Europea, que por fin el legislador parece tener en consideración".

No obstante, consideramos que la LOPD sigue siendo estricta comparativamente con Europa y se debe tener en cuenta con esta reforma que, "el deber de secreto", de infracción leve en determinados casos, pasa a infracción grave en todos los casos. Esta es una excepción a la graduación a la baja de las infracciones, por lo que habrá que tener mucho cuidado en este aspecto.

EJEMPLO: Si por error, en el envío de un correo electrónico a diferentes destinatarios ajenos entre sí, no se envía con copia oculta, de manera que quedan identificados todos ellos, se incumpliría el deber de secreto, por lo que, si alguno de los destinatarios lo denuncia, se consideraría infracción grave.

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