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RÉGIMEN ELECTORAL

Luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

El Pleno del Congreso ha aprobado, con 321 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que entrará en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado relacionada con las candidaturas de partidos, federaciones y coaliciones sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado

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La Cámara Baja aprobó las enmiendas introducidas durante su tramitación en el Senado en la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General con 321 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones.

Los grupos proponentes, Socialista y Popular, indican, en la exposición de motivos de esta proposición de ley, que, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se considera conveniente reformar determinados preceptos de la ley electoral para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional.

Con esta reforma se amplía a los partidos, federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que de hecho sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado y, en consonancia con ello, se amplía también la legitimación del Gobierno y del Ministerio Fiscal en el recurso contencioso-electoral para impugnar candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones, además de las presentadas por agrupaciones de electores, actualmente previstas en la Ley.

En segundo lugar, se posibilita la impugnación de candidaturas durante la campaña electoral, ampliando, tanto el plazo de presentación del recurso, hasta el cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria de las elecciones; como el plazo para que el Tribunal Constitucional resuelva los eventuales recursos, que coincidirá con el último día de la campaña electoral.

También se prevé la posibilidad de que, desde la votación hasta la proclamación de electos, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal soliciten, ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la LOPJ, la suspensión cautelar de la proclamación de electos pertenecientes a candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones integradas por partidos contra los que vayan a promover un procedimiento de ilegalización o un incidente de ejecución de sentencia de ilegalización en los quince días siguientes.

Complementariamente se introduce, en todas las modalidades de procesos electorales, una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida, que concurrirá en los representantes electos de candidaturas presentadas por partidos, o por federaciones o coaliciones de partidos declarados posteriormente ilegales por sentencia judicial firme, salvo que voluntariamente y de modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron a las elecciones.

En otro orden de cosas, y para garantizar el funcionamiento normal de las entidades locales cuando no sea posible cubrir las vacantes generadas por fallecimiento, incapacidad o renuncia de los concejales y sus suplentes, y ante la negativa de los ciudadanos a ocupar dichas vacantes de acuerdo con el sistema actualmente previsto, se modifica la Ley para encomendar la gestión ordinaria de estos municipios a los órganos que tengan atribuida la competencia sobre régimen local según los respectivos Estatutos de Autonomía y las leyes básicas del Estado.


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