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LEGISLACIÓN

La Ley de Función pública no se aprobará durante esta legislatura

Para la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, hace falta mayor consenso social y político.

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La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha descartado la aprobación de una Ley de Función Pública que desarrolle que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), durante esta legislatura.

Para Consuelo Rumí, "es necesario un mayor consenso social y político" y cree imposible que pueda tramitarse a corto plazo una ley que aglutine las normas que desarrollarán el EBEP en el Congreso, debido a "los tiempos empleados en los procedimientos parlamentarios".

Durante su intervención en la Comisión de Política Territorial del Senado, la secretaria de Estado de Función Pública señaló la necesidad de "consenso" no sólo con los sindicatos de la Función Pública sino también con los partidos políticos, considerando que es "fundamental" retomar el diálogo social.

No obstante, indicó que las conversaciones con los agentes sociales continuarán en línea con otros aspectos del Estatuto Básico que no necesitan una norma con rango de ley, como el impulso a la profesionalización, los programas de evaluación del desempeño de las labores de los funcionarios o el papel de la formación.

Rumí consideró que el Gobierno debe estar "a la altura" de las responsabilidades en las materias de función pública que deben ser dialogadas y negociadas, y aludió a los tres temas que deben tratarse en la Mesa General de las Administraciones Públicas: la reforma del régimen de clases pasivas, el desarrollo del EBEP y la recuperación del acuerdo firmado en septiembre de 2009.

El Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado en 2007, aunque para su plena entrada en vigor se deben desarrollar unas normas con el fin de que pueda aplicarse tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas.

Falta de consenso sobre la edad de jubilación en el personal docente

Por otra parte, los sindicatos de profesores han celebrado el anuncio del Gobierno de retirar la propuesta de elevar la jubilación a los 67 años de los funcionarios de clases pasivas, la mayoría docentes, y han indicado que esta decisión se debe a la "fuerte contestación y oposición sindical".

Según ha explicado la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), el Ejecutivo ha decidido abrir un periodo de reflexión sobre el alcance y contenido del conjunto de materias referidas a empleados públicos e incluidas en el Acuerdo Social y Económico, antes de continuar con el proceso.

FETE-UGT había manifestado su disconformidad y rechazo a la propuesta del Gobierno, "planteando alternativas para una adecuación más solvente, razonable y equitativa de los distintos regímenes en el marco del Acuerdo Social y Económico".

Este sindicato considera que el citado acuerdo, firmado por UGT y CC.OO., contempla compromisos que han de negociarse en el marco de la mesa de Función Pública (clases pasivas, desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y evaluación de los acuerdos pendientes de cumplimiento en el ámbito de la Función Pública).

La Federación de Enseñanza de CC.OO. cree que este hecho permitirá abordar en el futuro "un proceso serio y riguroso de negociación" entre el Gobierno y los sindicatos representativos de los empleados públicos, que posibilite desarrollar los compromisos recogidos en el acuerdo de una forma "razonable, equilibrada y justa en todos los ámbitos de la Función Pública".

Según ANPE, para el profesorado la propuesta del Gobierno no sólo eliminaba las condiciones actuales de jubilación, sino que "prorrogaba oficialmente" la edad de jubilación hasta los 67 años y la jubilación anticipada hasta los 63, "penalizándola con una bajada retributiva".

Así, ante la retirada de la propuesta, este colectivo emplaza al Gobierno y al Ministerio de Educación a elaborar una nueva propuesta, negociada con los representantes del profesorado en el marco de la Mesa Sectorial de Educación, "que no diluya a los docentes en el marco general de la función pública sino que reconozca y valore las peculiaridades inherentes y específicas de la función docente".

"En este decepcionante final de legislatura educativa, en el que no fue posible lograr el pacto por la Educación, con rebajas de sueldo y de plantillas, sin suficiente oferta de empleo público docente, y con la supresión de la cofinanciación de importantes programas educativos, el Gobierno no puede renunciar a reconocer las particularidades de esta profesión", han aeverado desde ANPE.

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