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LEGISLACIÓN

La Ley de la Ciencia apura su trámite

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación será aprobada, previsiblemente, mañana jueves en el pleno del Senado, después de que el pasado jueves se tramitara en Comisión. El texto, que no se renueva desde 1986, sigue los plazos previstos para su entrada en vigor después de casi dos años de redacción y negociación.

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Investigación, ciencia, científico, laboratorio

La nueva ley llega impulsando la creación de una agencia de financiación para el nuevo Sistema de I+D+i español para dar "mayor eficiencia al uso de los recursos económicos y materiales del Sistema de Ciencia español".

En la Comisión de Ciencia del Senado se han aprobado 45 nuevas enmiendas al texto y todas ellas se votaron por unanimidad. Entre las novedades incluidas destaca el establecimiento de un plazo de un año para que el Gobierno cree la agencia de financiación. La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI-Precarios) advirtió ayer que el proyecto de Ley de la Ciencia no garantiza el fin de las becas que encubren puestos de trabajo ni la estabilidad de quienes ya han demostrado su talento. En su opinión, las enmiendas introducidas en el Senado no solucionan la precariedad.

Además, el texto incluye modalidades de contrato específicas para la carrera investigadora, como un contrato predoctoral, con el que se suprimen los becarios-precarios del sistema público y concertado de la I+D+i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de ciencia; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones.

La carrera de los investigadores españoles ha sido uno de los temas más polémicos durante la redacción del texto con continuas denuncias de los profesionales del sector a través de diferentes asociaciones y plataformas. Concretamente, los investigadores han pedido una mejora para la situación de los científicos del programa Ramón y Cajal y para que la oferta de contratos de acceso esté contemplada por la Oferta Pública de Empleo (OPE) para que haya "concordancia" con las plazas que se van a poder sacar en oposición.

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