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REFORMA DE LA LOPJ

El Pleno envía al Senado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Congreso ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de reforma de la LOPJ, que una vez superada, con 179 votos a favor, 140 en contra y 1 abstención, la mayoría absoluta necesaria por el carácter orgánico de la ley, pasa a continuar su tramitación en el Senado.

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La propuesta de reforma del Poder Judicial establece las funciones del Consejo General del Poder Judicial, en las que se introducen novedades como que toda actividad internacional habrá de ser coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; o la relativa a la potestad reglamentaria del CGPJ, que debe referirse, con carácter general, a la esfera puramente interna o doméstica. Excepcionalmente, se reconoce una potestad reglamentaria ad extra, en determinados aspectos accesorios de las actuaciones judiciales que se prevén en esta Ley Orgánica.

En el ejercicio de su autonomía, el Consejo elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Al mismo tiempo, se recuerda la necesaria adecuación a lo previsto en la Ley General Presupuestaria en la elaboración y ejecución del presupuesto del Consejo, así como el sometimiento a los ordinarios controles. En su condición de máximo órgano del gobierno del poder judicial, el CGPJ se encuentra sometido a los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria aplicables a todos los poderes públicos en virtud de lo previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere a la elección de los vocales del Consejo, se articulará sobre tres premisas básicas. En primer lugar, la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a exclusivos criterios de mérito y capacidad de los candidatos. En segundo término, la apertura de la posibilidad de ser designados como Vocales a la totalidad de los miembros de la carrera judicial que cuenten con un número mínimo de avales de otros Jueces y Magistrados o de alguna asociación. Y, finalmente, la consideración en la designación de los Vocales de origen judicial de la proporción real de Jueces y Magistrados asociados y no asociados.

Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la Carrera Judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la Carrera Judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas.

Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución. En ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial en vocales del Consejo saliente.

El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. A tal efecto, cuatro meses antes de la expiración del mencionado período de cinco años, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se dirigirá a los presidentes de las Cámaras para que estos puedan comenzar el proceso de selección de quienes pudieran estar interesados en acceder a la condición de vocal por el turno de juristas de reconocida competencia.

Asimismo, cuatro meses antes de la expiración del mandato del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ordenará la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales correspondientes al turno judicial. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dará inmediata cuenta de estos actos al Pleno del Consejo General del Poder Judicial en la primera sesión ordinaria que celebre tras la adopción de cada uno de ellos.

Por otro lado, se establece que la prórroga de los mandatos del Consejo no sea posible, salvo en el supuesto muy excepcional de que ninguna de las Cámaras cumpliese el mandato de designación, de tal forma que bastará la sola presencia de los vocales designados por una de las Cámaras para que el nuevo Consejo pueda constituirse, ya que ese número se completará con los vocales que en su momento hubiesen sido designados por la Cámara que ahora incumple el mandato. Solo si ambas Cámaras no proceden a designar a los vocales que les corresponde, el Consejo continuará actuando en funciones hasta el momento en el que una de ellas cumpla con el mandato legal.

También se prevé la posibilidad de que los vocales, con excepción de los que forman parte de la Comisión Permanente, ejerzan su cargo compaginándolo con la función jurisdiccional si son de origen judicial, o con su profesión si fueron elegidos por el turno de juristas de reconocida competencia; y se permite que parte del trabajo desarrollado por este órgano, incluida la tramitación y preparación de los asuntos sobre los que deben adoptarse acuerdos, sea llevado a cabo por los funcionarios del cuerpo de letrados. Por ello, el desempeño del cargo de vocal con exclusividad se ha limitado únicamente a los miembros de la Comisión Permanente.

En materia de organización y funcionamiento del Consejo, se prevé un nuevo reparto de competencias entre los órganos del mismo. De entrada, se suprime la Comisión de Calificación, cuyas funciones de preparación de los nombramientos discrecionales por el Pleno pasan a ser desempeñadas por la Comisión Permanente. Así, las atribuciones referidas al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial quedan, principalmente, en manos de la Comisión Permanente y el Pleno.

Dentro del conjunto de previsiones relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, se determina que el presidente del Tribunal Supremo se verá auxiliado y, en su caso, sustituido por la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Por lo que respecta a la toma de decisiones, para evitar posibles bloqueos la nueva regulación implica que, salvo que la Ley Orgánica específicamente exija otra cosa, todas las decisiones se tomarán por mayoría simple.

Por último, se limitan las funciones de la Comisión Disciplinaria a juzgar los procedimientos disciplinarios por infracciones graves y muy graves, así como a imponer las sanciones pertinentes. La resolución de aquellos procedimientos en que el Promotor de la Acción Disciplinaria proponga la imposición de la sanción de separación del servicio, por su extremada gravedad, corresponderá al Pleno.

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