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VIOLENCIA DE GÉNERO

Justicia propone que se analice la situación del agresor para evaluar el riesgo de la víctima de violencia de género

La evaluación tiene cierto margen de error, pero ayudará al juez a decidir sobre las medidas cautelares
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Violencia de género,malos tratos

El Ministerio de Justicia, a instancias de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, ha presentado una propuesta de protocolo para la realización de informes complementarios que analicen la situación personal y la salud mental del agresor a la hora de evaluar el riesgo al que está sometido su víctima de violencia de género.

Este procedimiento que entrará en vigor a finales de julio va destinado a los médicos forenses de las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal, y aspira a que, tras una petición judicial, se estime el nivel de riesgo al que está sometido la víctima en un plazo máximo de 72 horas, para que el juez pueda adoptar las medidas cautelares convenientes teniendo el máximo posible de información en su poder.

El protocolo, que aún es un borrador, parte de que "ningún informe médico forense de valoración de riesgo de violencia de género puede emitirse sin la exploración del agresor" e insta a que el médico responsable de la Unidad Forense de Valoración Integral que evalúa a la víctima, tenga acceso a la documentación relativa a todo el procedimiento abierto contra él.

En concreto, contempla que para la realización de estos informes se habrán de tener en cuenta, además de la declaración de la víctima y los testigos, los antecedentes penales o policiales del sujeto y documentación psiquiátrica que acredite "la existencia de patología del agresor, orgánica y psiquiátrica, con especial referencia al consumo de alcohol y drogas".

Para poder "analizar los factores de riesgo asociados empíricamente a la violencia y contrastados clínicamente", los expertos deberán recoger datos sobre los antecedentes de violencia no de género del agresor, la situación sentimental y laboral en el último año, su salud mental, la historia de violencia contra la pareja agredida, una valoración de la agresión actual y un análisis de la vulnerabilidad de la víctima.

Asimismo, el protocolo recomienda la recogida de pruebas complementarias, como la aplicación de la Escala de Predicción del Riesgo Grave, que se centra en la predicción del riesgo de homicidio o violencia grave y que establece unos puntos de corte para cuantificar el peligro como bajo, moderado o alto.

Esta documentación del análisis pericial acompañará a la valoración médico forense del riesgo de violencia de género, que partirá del análisis de la información recogida, repasará si se han cumplido todos los elementos del juicio clínico, si la información disponible es completa o suficiente para emitir un juicio de valor. Con todo ello, el forense establecerá el nivel de riesgo al que, en su opinión, se enfrenta la víctima o sus familiares, lo recogerá "a la mayor brevedad" en un informe y se lo remitirá al juez.

LA EVALUACIÓN NO TIENE CARÁCTER ABSOLUTO

No obstante, el protocolo indica que esta evaluación "no tiene un carácter absoluto y por su especial dificultad está sometida a un margen de error" y recuerda que ante nuevas denuncias habrá que volver a evaluar la situación porque las circunstancias "pueden haber cambiado" y, con ellas, el nivel de peligrosidad.

Según ha explicado el Ministerio de Justicia, la intención es "enriquecer" este borrador con las aportaciones que puedan hacer las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y expertos en violencia de género, por lo que el protocolo no entrará en vigor hasta finales de julio.

Un informe del Observatorio sobre los procedimientos judiciales con víctimas de esta lacra en 2010 presentado a finales del pasado mes de mayo reveló que en la mitad de los 30 procedimientos analizados no constaba la Valoración Policial del Riesgo. Además, sólo en uno se apreció "riesgo extremo" y en otro "riesgo alto" para las mujeres que finalmente fueron asesinadas. Del resto de las víctimas se dijo que estaban en riesgo bajo (7 casos), medio (5 casos) o que no se apreciaba riesgo (1 caso).

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