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PGE/JUSTICIA

Justicia incluye una de las polémicas con la judicatura, que los jueces en prácticas hagan sustituciones

Convocará oposiciones para 35 jueces y 20 fiscales, pedido por el CGPJ, la Abogacía y las asociaciones.

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Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia ha llevado a su presupuesto de 2013 uno de los asuntos que han causado la polémica entre las asociaciones de jueces y fiscales como es la obligación de los alumnos en prácticas a realizar "obligatoriamente" sustituciones y refuerzos en los tribunales. Además, creará 35 plazas de jueces y 20 de fiscales tras congelar las oposiciones en el presente año.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 recoge la intención del departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón de convocar oposiciones de ingreso a las Carreras Judicial y Fiscal para que se formen nuevos profesionales en la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos.

El Ejecutivo se ha hecho eco del requerimiento de colectivos como la Abogacía, los procuradores, las asociaciones o el Consejo General del Poder Judicial. El propio presidente del órgano de gobierno de los jueces, Gonzalo Moliner, anunció recientemente la intención del Gobierno de convocar de nuevo oposiciones.

Con todo, el Ministerio de Justicia precisa que la convocatoria "no supondrá coste efectivo" para el Estado hasta mediados de 2015 puesto que el ingreso de los opositores aprobados en la Carrera Judicial se demora durante más de dos años desde la convocatoria.

En ese periodo, superan el examen, se forman teóricamente, realizan prácticas y, por primera vez, se quiere que realicen sustituciones y refuerzos. "Es importante reseñar que el Ministerio de Justicia pretende abordar con urgencia una reforma que haga posible que esos alumnos en prácticas realicen obligatoriamente sustituciones y refuerzos en órganos judiciales", indica.

La reforma a la que se refiere es la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificará el Estatuto profesional de los magistrados, reduciendo sus permisos y limitando la actuación del juez sustituto para dar prioridad a la "Justicia profesional".

Esta reforma legal también establece la obligación de los jueces en prácticas a realizar funciones de sustitución y refuerzo para superar todo el proceso formativo. Ello ha suscitado las críticas de las asociaciones, que piensan que esta medida conduce a obtener "mano de obra barata" puesto que el texto no recoge la equiparación del régimen retributivo con respecto a los titulares que sustituyen o refuerzan.

Refuerzos en juzgados cercanos al "colapso"

La pretensión del Gobierno es que las nuevas plazas no supongan un incremento del coste y que se orienten a suprimir actuales refuerzos en órganos en situación cercana a su "colapso". No se trata de crear nuevos juzgados, sino de potenciar los órganos colegiados y la figura del juez de adscripción territorial, que cubre vacantes prolongadas o se incorpora a órganos con una especial carga de trabajo.

El Gobierno quiere así seguir incorporando jueces y fiscales, que "al menos" refuercen los órganos existentes y resuelvan eficazmente los asuntos. Asimismo, busca dar continuidad al proceso de selección para incorporar a candidatos preparados y cubrir aquellas plazas que en la última convocatoria quedaron desiertas.

Se dará cobertura además a las plazas que en los próximos años queden vacantes por jubilación, mientras que se evitará la "infrautilización" de la Escuela Judicial, un centro de referencia dentro de la Unión Europea en la formación inicial de los miembros de la Carrera Judicial.

"Definir" la carga de trabajo de los jueces

El Ministerio de Justicia también ha incluido en su proyecto de presupuesto de 2013 su intención de "definir" las cargas de trabajo que "razonablemente" pueden ser asumidas por la Carrera Judicial para ofrecer un servicio de calidad.

El departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón pone el foco en las actuaciones dirigidas a la "organización, división y especialización" de los profesionales que trabajan en los juzgados y tribunales.

Para ello, defiende de la necesidad de descargar a los jueces y magistrados de las actuaciones referidas a gestionar la Oficina Judicial para atribuírselas a otros funcionarios, especialmente a los secretarios judiciales.

Además de revisar la planta y demarcación judicial y modernizar tecnológicamente los tribunales --la implantación de nuevas tecnologías consume 52 millones de euros--, el Gobierno afirma que "se definirán las cargas de trabajo que razonablemente puedan ser asumidas por la Carrera Judicial para ofrecer un sistema judicial de calidad". No obstante, deja en el aire las pautas que se seguirán para su redefinición.

Precisa también que serán los secretarios judiciales quienes estarán al frente del nuevo modelo de servicios comunes procesales a través de una estructura jerarquizada que haga posible la uniformidad y homogeneidad en la aplicación de los criterios y procedimientos de todos los órganos, con independencia de su ubicación geográfica.

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