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JUSTICIA

Justicia pone en marcha la maquinaria para las reformas legislativas

El Consejo de Ministros autoriza la creación de dos comisiones para el estudio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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El Consejo de Ministros ha acordado la creación de dos comisiones institucionales que serán las encargadas de elaborar las propuestas de textos articulados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Ambas comisiones estarán integradas por magistrados, fiscales, catedráticos de Derecho, abogados, procuradores y secretarios judiciales, todos ellos expertos en cada una de sus áreas. Las comisiones se reunirán con una periodicidad semanal durante los próximos cinco meses, momento en el que tendrán que elevar su propuesta de texto articulado al Ministerio de Justicia. Los integrantes de estas comisiones no percibirán remuneración salarial por esta dedicación.

Los objetivos que se fija el Gobierno con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son los de luchar contra la creciente inseguridad jurídica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, instaurar la doble instancia penal, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario, incrementar el control de las intervenciones telefónicas, regular adecuadamente la fase de instrucción, incorporar la doctrina que en materia de derechos fundamentales han sentado el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, regular con mayor precisión el ejercicio de la acusación particular, regular adecuadamente los recursos o efectuar un revisión de los actuales supuestos de aforamiento del cuerpo de jueces y magistrados y del sistema de ejecución de sentencias, entre otros.

La comisión que propondrá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tendrá como objetivo fundamental configurar una organización más racional y eficaz de la Administración de Justicia para que contribuya a la reactivación económica y a la protección de los derechos civiles, sociales y económicos. Con la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial se pretende superar el obsoleto modelo basado en el partido judicial, organizar la Justicia con arreglo a criterios de flexibilidad, y adaptar la organización territorial a los tiempos actuales de acuerdo con el modelo de organización judicial.

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