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JUSTICIA

El ministro de Justicia defiende la estructura de los partidos judiciales por su cercanía al ciudadano

Rafael Catalá se ha reunido con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y los alcaldes de Calahorra, Luis Martínez Portillo, y de Haro, Patricio Capellán, ante quienes ha defendido la innovación en la Justicia como parte de la agenda de reformas estructurales de este Gobierno.

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El objetivo, ha dicho el ministro, es trabajar por una Justicia al alcance de todos, para lo que ha destacado las últimas iniciativas aprobadas por el Ejecutivo, la derogación de las tasas para las personas físicas en todas las instancias y en todos los órdenes, el mantenimiento del actual modelo de demarcación judicial y el uso masivo de las tecnologías, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

En el caso de La Rioja, ha explicado Catalá, su Ministerio ha sido sensible a la reivindicación de las localidades que acogen sedes judiciales y, por eso, ha decidido mantener los tres juzgados de primera instancia e instrucción de Calahorra y los otros dos con sede en Haro. Todo ello combinado con un nuevo sistema de reparto de las cargas de trabajo que permita que la duración media de los procesos se reduzca y sea más homogénea.

Operadores jurídicos​

Posteriormente, a la reunión se han incorporado operadores jurídicos autonómicos como el presidente del TSJ de La Rioja, Ignacio Espinosa; el fiscal superior, Enrique Stern; el secretario de la Sala de Gobierno, Luis F. Santos del Valle; el juez decano de Logroño, Javier Pegenaute; la abogado del Estado Jefe, Eva Berrueta; la secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, Elisa Torrecilla; el decano del Colegio de Abogados, José Mª Cid; el decano del Colegio de Procuradores, José Toledo; el decano del Colegio de Graduados Sociales, Javier Nieto; el decano del Colegio Notarial, Tomás Sobrino; el decano del Colegio de Registradores, Fernando José Carabaña; y el director del Instituto de Medicina Legal, Jorge González, entre otros, a los que el ministro ha explicado las principales reformas del Ministerio.

Rafael Catalá se ha referido a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha permitido articular mecanismos de reparto de la carga de trabajo dentro del ámbito provincial y ganar coherencia en seguridad jurídica al establecer, a través de plenos no jurisdiccionales, criterios semejantes para casos parecidos. Todo ello permitirá reducir los tiempos de respuesta al ciudadano.

En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ministro ha señalado que su modificación ha permitido simplificar los trámites, como por ejemplo el juicio verbal, donde se admitirá la contestación escrita y, sobre todo, propiciará el impulso definitivo del uso de las nuevas tecnologías de la información. A partir del 1 de enero de 2016, los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales estarán obligados a emplear sistemas telemáticos para presentar escritos y documentos en la realización de actos de comunicación procesal.

Catalá se ha referido también a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): la Ley Orgánica que regula el fortalecimiento de las garantías procesales, y la Ley que regula la agilización de la justicia penal. Ambas, ha indicado, posibilitarán instrucciones más ágiles de las causas penales y unos juzgados y tribunales que abrirán juicio oral por cada delito, sin necesidad de esperar durante años a la conclusión de enormes y a veces inmanejables macrosumarios.

La mejora de la organización judicial, ha dicho el ministro, tiene que estar apoyada en el uso masivo de las tecnologías de la comunicación para poder ofrecer a los ciudadanos una Justicia abierta, digital e innovadora. Y para ello ha pedido la colaboración de todos los operadores jurídicos, para, entre todos, alcanzar el éxito de las iniciativas impulsadas para la reforma de la Justicia.

Palacio de Justicia ​

El ministro ha destacado la colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de La Rioja en la construcción del nuevo Palacio de Justicia, impulsado por el Ejecutivo regional y financiado por el Ministerio de Justicia con 24 millones de euros. Catalá ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó en octubre, la mayor creación de plazas judiciales en veinticinco años, así como la reciente creación de 66 plazas de fiscales para luchar contra la corrupción.

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