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JUSTICIA

Las cuentas de Justicia se reducen en un 6,3%, aumentan el gasto en Justicia Gratuita y lo recortan al TC y al CGPJ

El presupuesto destina la mayor parte del dinero a gastos de personal e incrementa la cuantía destinada a la formación de la Carrera Fiscal
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El Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2012 se rebajará en un 6,3% hasta alcanzar los 1.574 millones de euros. El departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón es uno de los menos afectados por el recorte medio de 16,9% con el que trabajarán los ministerios.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 reduce en un 3,4% la partida destinada al Tribunal Constitucional, que se situará en 25,53 millones de euros. La dotación del Consejo General del Poder Judicial baja hasta los 71,35 millones de euros, un 3,9% menos que en 2011.

En general, el presupuesto que el Gobierno destinará a políticas de Justicia para 2012 ascenderá a 1.612 millones de euros, lo que supone una disminución del 5,9% sobre el ejercicio de 2011.

De este importe, la participación del Ministerio, incluyendo el Centro de Estudios Jurídicos, para el desarrollo de esta política está cifrada en una dotación inicial de 1.541 millones de euros y la del CGPJ en 71,35 millones de euros.

El "objetivo prioritario" del Gobierno radica en conseguir una gestión racional de los recursos que conduzcan a la "máxima eficacia y eficiencia" en los resultados y a dar una respuesta a los conflictos en el "más breve plazo posible", permitiendo que los recursos bloqueados reviertan al tráfico económico.

En este contexto, la mayoría del gasto --1.302 millones de euros-- se destina a gastos de personal, que decrecen en un 1,6 por ciento respecto al ejercicio anterior. El Ejecutivo considera que éste es el gran activo de esta política para garantizar "una verdadera justicia profesional" que prime el mérito, la capacidad y la especialización.

El gasto destinado al sistema de Justicia Gratuita pasa de 31 millones a 34,71 millones de euros, una dotación que permitirá que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos puedan proveerse de los profesionales necesarios de sus derechos e intereses legítimos. Se ha querido así "equiparar" estos servicios a la "demanda real", según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.

Cae el gasto en inversión

Las líneas de actuación en Justicia girarán en torno a tres "problemas" fundamentales: el exceso de litigiosidad, las carencias de gestión y la búsqueda de un nuevo modelo, en el que se implanten progresivamente los tribunales de instancia.

A estos efectos, el Gobierno dedica una asignación de 90,31 millones de euros al programa de inversión, de los cuales 53,57 millones estarán dirigidos a la modernización tecnológica, y 36,74 millones al Plan de Infraestructuras y Equipamiento.

No obstante, la partida de los programas de inversión han sufrido una caída con respecto a los Presupuestos del ejercicio anterior, cuando alcanzaron los 158 millones de euros.

El Ministerio tiene previsto mejorar el modelo de Registro Civil para centralizar todos los datos de trascendencia jurídica y ofrecer una información rápida sobre el estado civil. Además, va a implantar un sistema de tramitación electrónica de expedientes para afrontar el volumen de solicitudes de nacionalidad española por residencia que se han acumulado durante los años anteriores.

Desglose de los programas de gasto

El presupuesto en políticas de Justicia se reduce en 5,6% para el Gobierno del Poder Judicial; en un 10,9% el gasto de la Dirección y Servicios Generales de Justicia; y en un 0,9% la partida destinada a la selección y formación de jueces.

Rebaja en un 5,1% la asignación en materia de documentación y publicaciones judiciales; en un 2,8% la dedicada a la formación del personal de la Administración; en un 5,7% el gasto en tribunales de justicia y Ministerio Fiscal; y en un 15,6% en el programa de registros vinculados a la fe pública.

Sin embargo, aumenta en un 25,9% la formación de la Carrera Fiscal, a la que dedicará 6,21 millones de euros. Ruiz-Gallardón ya ha anunciado su intención de aumentar las competencias de los representantes del Ministerio Público en la investigación de los delitos y las faltas, propuesta que incorporará en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim).

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