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JUSTICIA

Jueces vascos denuncian que se ha recortado la seguridad a 10 magistrados y en mayo se les restringirá a otros 40 ó 50

Jueces vascos han denunciado que se ha recortado la seguridad, hasta el momento, a alrededor de una decena de magistrados que ejercen sus funciones en Euskadi, y han afirmado que, a partir del próximo mes de mayo, se les restringirá a otros 40 ó 50, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Judicatura.
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A la totalidad del colectivo, integrado por más de 200 jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma Vasca, se le aplicó un plan de protección en el año 2001, después de que ETA asesinara al magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia, José María Lidón, y se les asignó a todos ellos escolta.

En septiembre del pasado año ya se conoció la intención del Departamento de Interior de reorganizar los servicios que presta a jueces y fiscales, de cara a "optimizar los recursos" y, a la vez, prestar la "máxima seguridad" al conjunto de las personas amenazadas.

Tras mantener una reunión con el consejero del Interior y otros responsables de la Seguridad el 3 de septiembre de 2010, la judicatura vasca consideró que el Departamento de Interior del Gobierno vasco reduciría el servicio de escolta en el plazo de unos meses.

A finales de mes de marzo, en un nuevo encuentro entre representantes de Interior, de las FSE y los jueces, se explicó a la Judicatura que se modificaría "el módulo de protección personal" a partir del 1 de abril, aunque, finalmente, esta medida se ha retrasado un mes.

Por el momento, según los jueces, se ha reducido la escolta a unos 10 magistrados, pero han asegurado que está previsto que se restrinjan el próximo mes las medidas de seguridad que se aplican a unos 40 ó 50 más.

Ante esta informaciones, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en reunión del pasado 1 de abril, acordó remitir al Ministerio y al Departamento de Interior del Gobierno vasco su oposición a la reducción de la protección.

Precisamente, este jueves la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco denunció en un comunicado que la Administración pretende "reducir drásticamente" la seguridad de los jueces, y ha mostrado su "más absoluto rechazo a cualquier medida" que suponga recortar los servicios de escolta.

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