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JUSTICIA

Los Jueces de Navarra exigen la retirada de la Ley de Tribunales de Instancia

En un comunicado emitido por la junta de jueces, argumentan que el anteproyecto presentado por el Gobierno "prescinde del fin esencial, que es el cumplimento de la función jurisdiccional".

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La junta de jueces de Pamplona ha solicitado la retirada del anteproyecto de ley de los tribunales de instancia. En un comunicado emitido por el Alto Tribunal navarro, señalan las siguientes razones:

-La completa inoportunidad del Anteproyecto de ley, ya que el paso previo en la reforma de la administración de justicia, la nueva oficina judicial, no ha sido implantada y además, exige resolver las frustrantes experiencias actuales de la misma.

-Lo cierto es que los problemas que afectan a la justicia de instancia guardan más relación con la insuficiente e inadecuada planta judicial que con otros aspectos que pretende solucionar el Anteproyecto.

-La uniformidad en la aplicación del derecho, como instrumento de la seguridad jurídica, bien puede obtenerse a través de criterios aprobados en las Juntas sectoriales de Jueces, y no exige la aprobación de la Ley de Tribunales de Instancia. En todo caso los criterios que puedan aprobarse en dichas Juntas siempre deberán respetar la garantía institucional de la independencia judicial, que reside en cada juez concreto cuando ejerce su función jurisdiccional.

-Es inadmisible que una reforma del tal calado no haya contado con la audiencia de las Juntas de Jueces, de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni de las Asociaciones Judiciales. Y es inadmisible las prisas con las que se pretende aprobar esa ley, sin el necesario debate y confrontación de ideas que exige un proyecto que altera de forma esencial la estructura de uno de los niveles de la Administración de la Justicia de España.

-El Anteproyecto se basa en un enfoque excesivamente economicista, primando la relación coste-beneficio, y prescinde de que lo esencial es el cumplimiento de la función jurisdiccional. Además, no está acreditado que la organización colegiada resulte más eficaz que el sistema actual.

-Lo inaceptable es que se conciba la estructura del Poder Judicial en función de la oficina judicial, cuando lo precedente es que la oficina judicial sea instrumento de apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional.

-La clara inconstitucionalidad de varios artículos del Anteproyecto por atentar a la independencia del Poder Judicial, a la inamovilidad del juez y al derecho al juez natural, predeterminado por la ley.

-La privación a los Jueces y Magistrados de los mínimos instrumentos personales para el desarrollo de su labor, al suprimirse las unidades procesales de apoyo directo (UPAD) previstas en la nueva oficina judicial para cada juez.

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