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JUSTICIA

Jueces para la Democracia pide al futuro Gobierno un Pacto de Estado en materia de Justicia

Jueces para la Democracia manifiesta que el inicio de una nueva legislatura es un momento propicio para reclamar al nuevo Gobierno y a las fuerzas políticas un Pacto de Estado en materia de Justicia que ayude a solucionar las carencias en el sistema judicial.

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En un comunicado, han expresado que la ciudadanía percibe que la Justicia no funciona adecuadamente y que ésta no se ha modernizado al igual que otros servicios públicos que sí lo han hecho. Por ello, "estas patologías provocan incidencias muy negativas en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y dificultan las funciones de un poder del Estado".

JpD valora de forma positiva el inicio de una nueva legislatura, como el momento idóneo para hacer cambios que mejoren el sistema judicial español, entre ellos un Pacto de Estado en materia de Justicia que "permita asegurar que este necesario proceso de transformación continuará en marcha durante varias legislaturas".

Entre las bases que debe partir este Pacto, según Jueces para la Democracia, estarían:

- Inversión pública en Justicia. 

El compromiso de aumento progresivo de los presupuestos en materia de Justicia hasta alcanzar la media de la Unión Europea, con inclusión de un plan de inversiones coordinado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ello implicaría el incremento del número de jueces y juezas para adaptar la planta a la litigiosidad real, con una creación programada de plazas judiciales que no debería ser inferior a un millar.

También se debería aprobar un plan de infraestructuras que regulara la modernización de los edificios judiciales, para reemplazar las numerosas sedes que no cumplen las condiciones más básicas de salubridad, habitabilidad y seguridad. Debe cuantificarse el gasto público necesario para todas estas transformaciones, así como la graduación previsible, con aportación de memorias económicas detalladas. Por otro lado, se deben  introducir cambios estructurales para una mejora de la justicia gratuita que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

- Independencia judicial. Sistema de elección de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura y con criterios de proporcionalidad, con la finalidad de impedir las interferencias de los partidos políticos en su designación. Asimismo, también se podrían analizar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del CGPJ.

Se debería dotar al CGPJ de competencias en cuestiones referentes a planta judicial y medios materiales. Creación de una agencia organizada por el CGPJ y dependiente de este, en la que se incluyera a forenses, peritos, inspectores de tributos y laboratorios, para que estuvieran al servicio directo del poder judicial. Y ha de vertebrarse una verdadera policía judicial.

- Una nueva estructura de la organización judicial. Con implantación de un sistema de tribunales de instancia que pueda optimizar la actuación judicial, desde el respeto a los principios de independencia e inamovilidad. El nuevo sistema ha de facilitar un mejor reparto del trabajo entre los operadores jurídicos, así como una concentración de los recursos existentes que mejore la eficacia de la Administración de Justicia. La nueva organización debe ir acompañada del final de la precarización judicial referente a los jueces en expectativa de destino y al uso abusivo de jueces de adscripción territorial, con la supresión de dichas figuras.

Estos cambios deben ir acompañados de una revisión de la organización territorial para que se adapte a la actual realidad social, geográfica y económica.

- Reformas procesales. Labor sistemática de elaboración de instrumentos procesales, que se puedan adaptar a una sociedad cada vez más compleja y que ha experimentado grandes transformaciones sociales en las últimas décadas. Resulta imprescindible la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal, que represente un sistema avanzado de garantías y que incorpore las mejores aportaciones jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales que se han realizado en los últimos tiempos.

- Desarrollo de la oficina judicial. Debe aprobarse un plan estatal de desarrollo de la oficina judicial. La organización interna de los órganos judiciales habría de adaptarse a las realidades de los procesos y responder a principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. Los servicios comunes y los servicios de apoyo directo deben contar con recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales.

Además, debe disponerse de instrumentos de control suficientes por parte del cuerpo de Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello habrá de completarse con un marco de protocolos de actuación y con programas de formación de todas las partes implicadas en la Administración de Justicia.

- Introducción de nuevas tecnologías en los órganos judiciales. A través de una planificación adecuada para la modernización y digitalización de los juzgados y tribunales. El objetivo ha de centrarse en agilizar los procedimientos, mejorar el funcionamiento interno de los órganos judiciales y abaratar los costes de comunicaciones y notificaciones. Las medidas de introducción de nuevas tecnologías no pueden ser precipitadas, sino que deben obedecer a proyectos sólidos, con la participación de todas las administraciones afectadas, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas.

Antes de llevarse a la práctica estas medidas han de contar con las inversiones oportunas y con los recursos técnicos suficientes. Habrán de ser aplicadas de manera que no lesionen los derechos de las partes ni entorpezcan la labor de los profesionales de la Justicia. Además, no pueden llevarse a la práctica sin una formación adecuada previa de los operadores jurídicos. Hay que acabar con la dispersión territorial en materia de aplicaciones informáticas que hoy son incompatibles.

- Condiciones profesionales. Deben acometerse todas las reformas legales y reglamentarias necesarias para asegurar unas condiciones profesionales iguales, adecuadas y coherentes con los principios de independencia e inamovilidad judicial. Además, deben cumplirse las disposiciones vigentes en la Ley de retribuciones. Es urgente acometer una verdadera coordinación de actividades entre las CCAA, Ministerio de Justicia y CGPJ que proteja la salud de los miembros de la carrera judicial y también fijar ya una carga de trabajo judicial razonable en cumplimiento de lo previsto en el I Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial, por razones de salud judicial, que también es Justicia.

- Servicio público de calidad. Las condiciones profesionales para que pueda ejercerse el poder judicial deben ser complementadas con un servicio público de calidad a los ciudadanos. Hace falta una regulación más amplia de los derechos de los usuarios de la Justicia, que responda a los principios de transparencia, información y atención adecuada. Además, resulta necesario reforzar el sistema de Justicia Gratuita para garantizar que nadie quede excluido del acceso a juzgados y tribunales, con privación del derecho a la tutela judicial efectiva, por no contar con medios suficientes para litigar. Del mismo modo, deben acometerse iniciativas concretas para garantizar la efectiva implantación del Estatuto de la Víctima del Delito, que prevé  una serie de derechos a los afectados que solo cobraría virtualidad práctica si se dotan los medios y se llevan a cabo políticas activas que aseguren su aplicación. Y ha de asegurarse que los procedimientos se tramiten en plazos razonables.

- Medidas contra la exclusión social. Resulta necesario regular en el ámbito del derecho privado toda una serie de medidas contra la exclusión social. Asimismo, una verdadera ley de segunda oportunidad, que configure el derecho a la vivienda como un verdadero derecho subjetivo y que se apruebe una ley de inembargabilidad.

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