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ANDALUCÍA

IU pide a la Junta deducciones en la renta para inquilinos de viviendas sociales en alquiler afectados por desempleo

Izquierda Unida defenderá esta semana una proposición no de Ley en comisión parlamentaria en la que insta a la Junta a agilizar "mecanismos de ayuda, deducción o subvención" para la bajada de las rentas de viviendas sociales en régimen de alquiler propiedad de la Junta "a aquellas familias cuyo poder adquisitivo ha sufrido un considerable recorte, respecto a situaciones anteriores, como consecuencia del desempleo de sus miembros".
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En la iniciativa, que se debatirá el próximo miércoles en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social y a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA emplaza igualmente al Ejecutivo andaluz a no aplicar las medidas anunciadas de repercusión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas sociales en régimen de arrendamiento propiedad de la administración autonómica por considerar que supondría una "subida encubierta" de la renta para los inquilinos.

Según el portavoz de IU en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento andaluz, Ignacio García, esta repercusión mensual del IBI, con subidas que alcanzan "hasta un 65 por ciento" sobre la renta anterior, supone una "subida encubierta" que está aplicando la Junta a la renta de los inquilinos de viviendas sociales dirigidas a familias con escasos recursos económicos a través de la repercusión mensual del IBI.

García, que ha detectado que esta "subida encubierta" está siendo aplicada por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en localidades como Ronda (Málaga) o Arcos de la Frontera (Cádiz), critica que la Junta haya recurrido a un "decreto aprobado por la Junta en 1990 que no ha sido aplicado hasta ahora" para hacer efectiva esta medida que considera, "cuando menos, discutible ya que el IBI no es ningún impuesto relacionado con la prestación de servicios, sino de ligado a la propiedad, que, evidentemente, corresponde a la Junta de Andalucía".

En cualquier caso, "y por encima de cualquier interpretación jurídica", el diputado del IULV-CA considera "inadmisible que en época de crisis la Junta pretenda recaudar más de las familias con más dificultades, muchas de ellas afectadas por el desempleo y con las prestaciones agotadas, cuando se trata de familias a las que habría que ayudar por su precaria situación económica".

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