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JUSTICIA

El ICAV rechaza de forma tajante el proyecto de nuevas tasas judiciales

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) considera que la imposición de nuevas tasas imposibilita el acceso de los ciudadanos a la Justicia y supone un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva y un ataque frontal al Estado de Derecho.

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Esteban Morcillo y Mariano Durán Mariano Durán

El proyecto de ley de tasas judiciales pretende imponer tasas altas y disuasorias en todas las jurisdicciones, excepto penal, para todas las personas jurídicas y físicas, sea cual sea su nivel de ingresos, salvo que tengan derecho a justicia gratuita (con unos ingresos por unidad familiar inferiores a 1.100 euros al mes). Esta situación puede disuadir a muchas personas, sobre todo a las que poseen recursos insuficientes, a pedir la revisión de aquellas resoluciones judiciales que consideran injustas o perjudiciales para sus intereses.

Además, el hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como la interposición de los recursos de apelación y de casación en el orden civil y contencioso administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

En línea con los argumentos esgrimidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), (que ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, enmiendas al citado proyecto de ley), el Colegio de Abogados de Valencia estima que "El Derecho de Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden imponerse como excusa para pagar a los Abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita".

En este sentido el ICAV mantiene que el gasto en Justicia Gratuita apenas representa un 6,5% del gasto en justicia y debería ser financiada desde los presupuestos y los impuestos de todos y no mediante tasas especiales. La Abogacía debería haber sido consultada ante esta importante reforma que va a afectar básicamente a las clases medias a partir de su entrada en vigor prevista para 2013 y que puede acabar propiciando una justicia para ricos y otra para personas con pocos recursos.

En opinión del Decano del ICAV, Mariano Durán: "Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales y no puede impedirse ese acceso con un sistema de tasas que perjudica a quienes menos medios económicos tienen y crea una justicia económicamente inasumible para los menos favorecidos". En nuestro caso, "siempre hemos apoyado al aumento de vías de solución extrajudicial de los conflictos, tales como la mediación y el arbitraje, pero es equivocado intentar evitar la litigiosidad en base a poner impedimentos de carácter económico".

Cuantía de las tasas

Para calcular la cuantia de las tasas se establece una parte fija, más otra cantidad variable y con un máximo de 10.000 euros para todos. Es decir, la cuantía va a resultar igual para una persona física que para una gran empresa o para una pyme. Además, el proyecto establece que la nuevas tasas no afectan a la Administración General, las autonomías, las entidades locales y todos sus organismos públicos.

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