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CANARIAS

El Gobierno de Canarias establece un protocolo para el uso racional de videoconferencias en la Justicia

El Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial han firmado un protocolo por el que se establecen las instrucciones para un uso más racional y eficaz del sistema de videoconferencia en la Administración de Justicia en Canarias.

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Francisco Hernández Spínola Francisco Hernández Spínola

Según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa, el objetivo de esta iniciativa es conseguir una mayor generalización en su uso, un mayor grado de homogeneidad en los criterios utilizados por todos los firmantes y una mejor coordinación entre los mismos.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, señaló tras la firma que "las nuevas tecnologías en las oficinas judiciales contribuyen a una indudable mejora de su gestión, a una actualización en su funcionamiento y a un incremento de sus niveles de eficiencia, además de posibilitar una mayor interoperabilidad entre las distintas Administraciones con competencias en Justicia".

"El uso de la videconferencia --añadió-- constituye sin duda un abaratamiento de los costes del servicio público de la Administración de Justicia sin que ello implique merma alguna de la seguridad y confianza en el sistema".

Ambas consejerías, así como el TSJC y la Fiscalía, coinciden en la innegable trascendencia y utilidad de la videconferencia al facilitar la rapidez, eficacia y economía que todo procedimiento judicial requiere, posibilitando la práctica de actuaciones judiciales cuando los que intervienen en las mismas no se encuentren físicamente presentes en el mismo lugar.

La videoconferencia cobra especial relieve en Canarias

Hernández Spínola destacó que la utilización de la videoconferencia cobra especial relieve en un contexto geográfico como el de la Comunidad Autónoma de Canarias al tratarse de un territorio fragmentado. A ello, indicó que hay que sumar el distanciamiento de las islas con el territorio peninsular, la afluencia constante de población turística flotante, así como por el fenómeno migratorio.

Agregó que la apuesta del Gobierno por las nuevas tecnologías ha permitido dotar del sistema de videoconferencia a las sedes judiciales evitando el desplazamiento constante entre islas de partes, testigos y peritos judiciales, especialmente de médicos forenses y traductores-intérpretes.

"Son indudables las bondades que aporta el uso de la videconferencia al sistema de Justicia en general", precisó Hernández Spínola, ya que tiene la virtud de poder comunicar imagen y sonido en tiempo real en dos puntos distantes, evita que la distancia física en un determinado momento constituya un impedimento para la actuación judicial, y facilita enormemente la labor de la Administración de Justicia en un territorio disperso como Canarias.

Instrumento imprescindible

Mientras, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, destacó que el sistema de videoconferencia "es un instrumento imprescindible para procurar en muchas ocasiones la preservación de la intimidad de los menores en sus comparecencias, particularmente cuando actúan como testigos", y en general, añadió, "facilita que se proteja la libre y espontánea declaración de víctimas, testigos o peritos, sometidos a la presión del desenvolvimiento de procesos especialmente complejos o conflictivos".

Además, remarcó que "garantiza la aplicación de la protección prevista en la Ley en los casos en que exista peligro grave para la persona, libertad o bienes de las personas protegidas".

Al acto de firma del protocolo asistieron además de los consejeros Francisco Hernández Spínola e Inés Rojas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, y el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido.

Por su parte, el Presidente del TSJC ha señalado que la utilización de la videoconferencia facilitará el acercamiento del ciudadano a la Administración de Justicia e incrementará la celeridad de ésta, lo que redundará en la mejora de la tutela judicial efectiva.

De esta manera, comentó que el ciudadano podría resolver determinados asuntos con la Administración de Justicia cerca de su residencia cuando el tipo de actuación judicial lo posibilite y las leyes procesales así lo prevean.

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