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Economía

El Gobierno admite que la reforma abarata "significativamente" el despido y que "libera" gasto en desempleo

El Gobierno reconoce en la memoria justificativa y económica de la reforma laboral que ésta reducirá "significativamente" el coste del despido en España al generalizar la indemnización improcedente de 33 días por año y "reconducir" la mayor parte de los despidos hacia los 20 días por año.
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"La generalización de la indemnización del contrato de fomento de la contratación indefinida, es decir, 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades reducirá significativamente el coste de despido, aunque el objetivo esencial de la reforma es reconducir la mayor parte de los despidos hacia los despidos colectivos y objetivos procedentes (de 20 días)", admite el Ejecutivo.

En esta memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno apunta que el coste del despido en España es "relativamente más caro" que en los países de su entorno, con indemnizaciones mayores y unas causas del despido objetivo "muy limitadas", que hacen que se utilice de una manera "residual".

"El empresario no siempre tiene acceso a unas condiciones de despido procedente, ni siquiera exponiendo a los agentes sociales o al juez una estrategia empresarial coherente. Debe optar por un despido improcedente, generalmente por el despido exprés (ya eliminado con la reforma) o por cerrar la empresa", alega el Gobierno.

Así, el Ejecutivo ve "lógico" que haya empresarios que opten por mantener en la plantilla a un buen número de trabajadores temporales, con independencia de las características de su labor, porque, ante lo costoso de despedir trabajadores menos productivos pero más antiguos, "constituye la única vía razonable para ajustar estructura productiva ante oscilaciones cíclicas".

El Ejecutivo de Mariano Rajoy señala en esta memoria que el "conjunto coherente" de medidas recogidas en la reforma tienen por objetivo "crear empleo a corto plazo y mantener niveles óptimos del mismo en el medio y largo plazo".

Así, y dentro de su argumentario para justificar que se haya elegido la fórmula del Real Decreto-ley para su pronta puesta en marcha, el Gobierno apunta que todas las medidas referidas a grupos específicos de trabajadores o que contemplan incentivos para la contratación o para mantener los puestos de trabajo "han de tener efectividad inmediata".

RECORTE INDIRECTO DEL GASTO EN DESEMPLEO.

En la memoria, que consta de 93 páginas, el Gobierno afirma que la entrada de las ETT en la intermediación laboral como agencias de colocación tiene el "efecto potencial" de acortar la duración del desempleo y ayudar en la lucha contra el fraude en la percepción de prestaciones.

El argumento es el siguiente: gracias a la participación de las ETT, los desempleados serán contactados más frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. "De esta forma, si están trabajando de forma fraudulenta mientras perciben la prestación o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán, en su caso, la prestación", precisa.

También ayudará a percibir el cobro fraudulento de prestaciones y a "liberar" recursos públicos destinados a prestaciones por desempleo la eliminación en la reforma laboral de la restricción que impedía a las empresas de más de 100 trabajadores acogerse a los programas de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo.

FIN AL "MONOPOLIO" DE SINDICATOS Y EMPRESARIOS EN FORMACIÓN.

El Gobierno admite además en la memoria que la reforma pone fin al "monopolio" de sindicatos y empresarios en la ejecución de planes de formación al dar la posibilidad a los centros y entidades de formación acreditados de ejecutar estos planes, de participar en el diseño del subsistema de formación profesional para el empleo y de optar a las subvenciones "antes reservadas a los agentes sociales".

"El monopolio de los agentes sociales en estas actividades no está justificado y ha generado problemas en la eficiencia de la gestión de recursos públicos que deben ser corregidos. La incorporación de las entidades de formación acreditadas está plenamente justificada e incentivará una sana competencia por los recursos públicos", alega el Ejecutivo.

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