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El Gobierno planea aprobar la reforma el viernes para que inicie su tramitación parlamentaria en julio

El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el mes de julio.
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Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias, quienes prevén igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o diciembre.

El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto.

Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.

Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.

Debates pendientes

En cuanto a los principales cambios que contemplará el proyecto de ley, respecto al texto presentado por el Gobierno hace unos seis meses, estas mismas fuentes creen que se va a matizar los casos de interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación del feto, un punto que ha generado gran discordia tanto dentro como fuera del partido.

Eso sí, siempre mantendría la ley de supuestos que el Gobierno ha abanderado desde el primer momento y, según aseguran las mismas fuentes, "con el ánimo de estar abierto a negociar cualquier punto de la ley durante el trámite parlamentario".

Según esta normativa, se puede interrumpir de forma voluntaria un embarazo cuando tenga lugar un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o bien cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.

Precisamente, la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe que avala en términos generales el anteproyecto de Ley aunque también sugiere varios cambios como despenalizar el aborto eugenésico y desligarlo del daño psicológico a la madre, así como simplificar los trámites que la gestante debe completar para interrumpir su embarazo legalmente.

A diferencia del resto de normativas que han tenido lugar en España sobre la regulación del aborto, esta ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada no ha sido examinada por el Consejo de Estado, un hecho que ha 'irritado' principalmente al Grupo Socialista, que hasta ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados instando a ello al Ejecutivo.

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