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CONTRATOS

El Gobierno flexibiliza los procedimientos de contratación en Seguridad y Defensa

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley por el que se adapta la Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Seguridad y la Defensa, por el que se crea un marco regulatorio específico que reconoce la singularidad de los contratos en estas materias.

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Defensa, militares, tropas

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se adapta la Ley de Contratos del Sector Público a las singularidades propias de los ámbitos de la seguridad y la defensa, en cumplimiento de los criterios fijados por una Directiva comunitaria de 2009.

Esta Directiva comunitaria reconoce la especificidad de los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa y, en razón de la misma, establece un marco regulatorio que tiene en cuenta dicha singularidad, al tiempo que garantiza los principios de igualdad, no discriminación, concurrencia y transparencia propios de los procesos de contratación pública.

Para ello, el Proyecto de Ley, para el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, permite a los órganos de contratación establecer determinadas exigencias adicionales en la documentación contractual para garantizar la seguridad de la información y del suministro, especialmente relevante en estos ámbitos.

Del mismo modo, la nueva normativa introduce una serie de ajustes legales para flexibilizar los procedimientos de contratación en este campo, como el incremento del plazo de vigencia de los acuerdos marco o la posibilidad de que en el procedimiento negociado se pueda establecer un trámite previo de selección de contratistas orientado a limitar el número de licitadores.

Suministradores para la defensa europea

El Proyecto de Ley contribuye, asimismo, a desarrollar una base de suministradores para la defensa europea entre el universo de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, se ha introducido la exigencia de que las subcontrataciones por parte de los adjudicatarios se lleven a cabo observando unas normas mínimas de publicidad y garantizando la mayor objetividad posible en la selección de empresas. La finalidad primordial de estos requisitos es abrir este mercado de segundo nivel a todas las empresas que, no pudiendo acudir a la licitación de forma directa por las características de su actividad o por tener un tamaño insuficiente, puedan estar interesadas o capacitadas para participar en la ejecución de los contratos.

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