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El Gobierno socialista presupuestó 1,6 millones para digitalizar la Audiencia Nacional y acabó gastando cinco veces más

Justicia advierte de que las empresas vendieron programas incompatibles entre sí a las CC.AA. durante el mandato de Zapatero.

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Joaquín Silguero, secretario general de la Administración de Justicia Joaquín Silguero

El Gobierno socialista fijó un presupuesto inicial de cerca de 1.600.000 euros para digitalizar fondos en la Audiencia Nacional y acabó gastando más de 9 millones de euros a una tarea que además no logró convertir la sede judicial en un tribunal 'sin papel'.

Así lo ha desvelado el secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha hecho balance sobre los proyectos tecnológicos que ha encontrado a su llegada al Ministerio.

En concreto, ha abordado la situación de la Audiencia Nacional. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero gastó "muchísimo dinero" en publicitar en vídeos y cómics que la implantación del expediente judicial electrónico acabaría erradicando la utilización del papel en este órgano.

Sin embargo, Silguero ha constatado "la realidad" de que la carga de papel sigue estando presente en esta sede. "Si hubiera estado en mis manos no hubiera inaugurado ese expediente judicial electrónico tal y como estaba. Ahora tenemos que estar corrigiendo, organizando el nuevo y adoptando medidas concretas", advierte.

El Ejecutivo socialista anunció la inversión de 600 millones de euros a un plan de modernización de los juzgados y tribunales que ha tenido escasos resultados.

"La realidad actual es que el proyecto estrella del Plan de Modernización de Zapatero, que fue el expediente judicial electrónico, no funcionó después de invertir unas cantidades astronómicas", asegura. Según explica, ese proyecto tenía un error de partida: se basaba en digitalizar información en vez de transferirla en formato informático.

Colaboración de las Comunidades Autónomas

El secretario general de Justicia también ha puesto de relieve que son las propias empresas las que han vendido programas incompatibles entre sí a diferentes comunidades autónomas. "Es muy grave. En vez de venderte algo correcto, a veces te venden algo incorrecto pero encima ganan con lo que te han vendido mal", ha añadido.

"Lo primero que estamos reivindicando desde el Ministerio es que tiene que estar en manos públicas el ser el arquitecto de los sistemas de Justicia", ha señalado Silguero, que entiende que esta cuestión no puede descansar en varias compañías sin la supervisión del departamento ministerial.

En este contexto, el secretario general ha destacado la colaboración que todas las autonomías han ofrecido a su Ministerio para informatizar los tribunales. Si anteriormente la tendencia era "hacer todo en solitario", ahora han solicitado a Justicia que "lidere" mientras que ellas colaboran en materia tecnológica.

El responsable ministerial ha detectado también la existencia de duplicidades entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia y ha firmado lo que denomina "un cuadro de paz" para evitarlas.

Joaquín Silguero ha querido poner en valor actuaciones positivas desarrolladas en la anterior legislatura, entre las que ha destacado el sistema de notificación electrónica llamado Lexnet que supone un importante ahorro de tiempo y gastos de correo y faxes.

"¿Somos conscientes de que en España en este momento con el programa del Ministerio que se comparte con las comunidades autónomas llevamos 17,2 millones de notificaciones electrónicas emitidas desde enero hasta julio?", se pregunta.

Puesta en común con el resto de los Ministerios

En otro orden de cosas, el secretario general también ha adelantado que la Vicepresidencia del Gobierno ha encomendado a Justicia que abra un cauce de interlocución con todos los Ministerios para que aporten los expedientes administrativos por vía electrónica.

"Para empezar, estamos centrándonos en la Audiencia Nacional para que todos los expedientes que aporten los Ministerios se entreguen electrónicamente", ha señalado Silguero, que considera clave esta sede judicial y confía en que el proyecto llegará "a buen puerto".

La Secretaría General de la Administración de Justicia que él dirige pondrá en marcha un plan de acción basado en una docena de proyectos parar lograr el buen funcionamiento de los juzgados y un servicio público de calidad. "Cada euro que se gasta se puede convertir en cinco euros de retorno", concluye.

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