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JUSTICIA

El Gobierno presentará este viernes un anteproyecto de ley para acortar los tiempos de espera en la Justicia

Limita la apelación a los asuntos superiores a 6.000 euros y aumenta la cuantía para recurrir al TS en civil y contencioso-administrativo
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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, llevará este viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Agilización Procesal dirigido a reducir los tiempos de espera que deben afrontar los usuarios de la Administración de Justicia. La reforma se escenificará, entre otros aspectos, en la eliminación del recurso de apelación en los juicios verbales en los que el asunto de litigio no llega a los 6.000 euros o la subida de la cuantía para poder recurrir en casación al Tribunal Supremo en el orden civil y contencioso-administrativo, que pasará de 150.000 a 800.000 euros.

El secretario de Estado, Juan Carlos Campo, ha explicado este miércoles en la sede del Ministerio de Justicia que el anteproyecto viene precedido por un informe elaborado por la Sala de Gobierno del Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los decanos y un acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reclamaban la agilización de los trámites procesales en la vía civil y contencioso-administrativa.

Más de 10 millones de asuntos están en manos de los tribunales españoles, una ingente cantidad que provoca que su resolución se "eternice" en el tiempo. "No nos podemos permitir que se esperen 12 meses para resolver un asunto en primera instancia", ha explicado Campo, que ha lanzado un mensaje a los ciudadanos: "No por ir a 18 instancias, vamos a ganar".

LA APELACIÓN CONFIRMA EN EL 85% DE LOS CASOS

En este sentido, ha defendido que los jueces españoles están "altamente cualificados", como prueban la media de siete años que dedican a preparar las oposiciones, la superación de este examen y el periodo de formación en la Escuela Judicial. "Nuestros jueces salen muy preparados", ha indicado, para a continuación destacar que en el 85 por ciento de los casos recurridos en apelación confirman las sentencias anteriores.

El 'número dos' de Justicia ha negado que la reforma beneficie a las capas más ricas de la sociedad y ha subrayado que "no hay ninguna merma" en las garantías de los ciudadanos sino una agilización en los trámites procesales.

En definitiva, ha remarcado, la búsqueda de una mayor confiabilidad y seguridad jurídica son los puntos que han guiado la confección de un nuevo modelo. "No hay privilegiados, se beneficiarán todos de la reforma porque todos tendremos tiempos de espera más cortos", ha añadido.

En concreto, ha hecho hincapié en que la rapidez se incrementará en la resolución de los procesos monitorios --una deuda puede ser reclamada si es acreditada mediante documentos-- y en los desahucios por falta de impago a la vez que ha puesto de relieve la imposibilidad de que las viviendas subastadas no tenga una valoración inferior al 50 por ciento.

En cuanto a la restricción para recurrir en casación en la vía civil y contencioso-administrativa en el Supremo, ha recordado que la misión constitucional de esta institución es "crear y unificar doctrina", "lo demás será por añadidura". Ha explicado que esta labor se ve ahora obstaculizada por la gran cantidad de litigios que debe resolver entre las partes y ha subrayado que la seguridad jurídica se incrementará si los jueces tienen como "referencia" su doctrina.

Campo ha precisado que la Sala de Gobierno del Supremo reclamaba aumentar al millón de euros la cuantía para poder recurrir en casación en estos dos órdenes jurisdiccionales y ha añadido que el Ministerio ha acogido distintas aportaciones, como es introducir la personación de las personas jurídicas en el texto desde que la reforma del Código Penal ha introducido su responsabilidad. Por último, ha contemplado que el Partido Popular ve con buenos ojos el anteproyecto.

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