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Economía/PGE

Gobierno cifra en 4.545 millones la recaudación por cambios tributarios, 170 más de lo que dijo Montoro

El Gobierno ha cifrado en 4.545 millones de euros la recaudación que se obtenga en 2013 por las medidas tributarias aprobadas en el Consejo de Ministros el pasado 27 de septiembre y que acompañan al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), una cantidad que supera en 170 millones de euros las previsiones que avanzó en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que habló de 4.375 millones.
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Así consta en la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se precisa que de los 4.545 millones de euros previstos 3.117,8 millones (68,6%) serán para el Estado y el resto (1.427,2 millones, 31,4%) irá a las entidades territoriales --comunidades autónomas y ayuntamientos--.

En concreto, la supresión a partir del 1 de enero de 2013 de la concesión de nuevas deducciones por inversión en vivienda habitual supondrá un ahorro de 90 millones de euros anuales, el 49% para las arcas estatales, el 50% para las comunidades autónomas y el restante 1% para las entidades locales, que se verán beneficiadas de este ahorro en 2014, cuando presenten las liquidaciones del próximo ejercicio.

Además, el nuevo régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego --del 20% para premios superiores a 2.500 euros-- tiene un potencial recaudatorio estimado en 824 millones de euros anuales, de los cuales 403,8 millones corresponderán al Estado y el resto (420,2 millones) a las regiones.

Impuesto de sociedades

La introducción de la limitación del 70% en las amortizaciones máximas que los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades podrían realizar durante los periodos impositivos iniciados en 2013 o 2014, a excepción de las que se puedan acoger al régimen especial de empresas de reducida dimensión, podría aportar a corto plazo unos ingresos anuales para el estado de 2.371 millones, si bien el efecto a largo plazo "sería mucho menor" al alargarse el periodo de amortización, por lo que en años posteriores el Gobierno prevé "una merma de ingresos que compensará los generados en los próximos dos ejercicios".

La otra modificación introducida en este gravamen para prorrogar un año más la reducción de cinco puntos al tipo impositivo aplicable a las microempresas que mantengan o creen empleo no se haya cuantificada porque el impacto de la medida "figura agregado en el Presupuesto de Beneficios Fiscales 2013 junto con el coste de la aplicación del tipo del 25% que, con carácter general, aplican las pymes", justifica el Ejecutivo en su informe.

Esta medida se aplicará también al IRPF a través de la reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación y mantenimiento de puestos de trabajo, que tendrá un coste recaudatorio para el Estado de 62,2 millones y de 64,8 millones para las comunidades autónomas, hasta sumar 127 millones que se computarán en 2014, al presentar las liquidaciones presupuestarias. Montoro no mencionó este dato al dar cuenta de los cambios tributarios.

Por otra parte, la integración en la base imponible general de las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en un periodo igual o inferior a un año por transmisión de elementos patrimoniales adquiridos o por mejoras en ellos podría generar 90 millones anuales, el 49% para las arcas estatales y el 51% restante para las autonómicas y municipales. "Esos ingresos se producirán por primera vez en 2014, salvo por los ingresos derivados de ganancias sujetas a retención", puntualiza el Ejecutivo.

El Gobierno alega no disponer de información suficiente para cuantificar la incidencia recaudatoria de la prórroga en 2013 de la exclusión como renta en especie en el IRPF de los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como de la aplicación de esta medida en la deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades. El coste de este último incentivo se eleva a 3 millones anuales, que tampoco fueron mencionados por el ministro de Hacienda.

Impuesto sobre patrimonio

Con respecto del mantenimiento, un año más, del Impuesto sobre Patrimonio, el Gobierno calcula unos ingresos variables según cuántas comunidades autónomas decidan mantener la bonificación del cien por ciento. "No obstante, en el caso hipotético de que ninguna comunidad aplicase esa bonificación, se estima que los ingresos totales ascenderían a unos mil millones de euros, de los cuales 20 millones corresponderían al Estado por las cuotas de los no residentes", puntualiza el documento.

Durante la rueda de prensa, el ministro cifró esta cantidad en 700 millones de euros. De la diferencia de esa previsión con la que recoge la Memoria se deriva el grueso de la variación del total previsto de recaudación entre lo avanzado por Montoro y lo recogido en la memoria de impacto.

Tampoco se facilitan datos de recaudación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes sobre premios de loterías y apuestas; mientras que la opcional actualización de balances y el establecimiento de un gravamen del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta de reserva de revalorización producirá, por una parte, un aumento recaudatorio en el momento de la liquidación de este gravamen y, por otra, mayores amortizaciones y menores ganancias patrimoniales cuando, a partir de 2015, se actualicen los balances. Esto conllevará una reducción de ingresos tributarios a largo plazo, que compensarán el incremento de 300 millones anuales que se producirá en el corto término.

Sin impacto de género

Según la Memoria, el resto de modificaciones incluidas en el proyecto de ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas tendrán una "incidencia muy reducida" en la recaudación o son "meramente técnicas". Eso sí, estos cambios "conllevarán ciertas cargas administrativas que resultan difíciles de estimar pero que, en cualquier caso, no serán en absoluto magnitudes despreciables", reconoce el Ejecutivo.

El resto del proyecto de ley, que se tramitará en el Congreso por la vía de urgencia, "no contiene disposiciones que, al menos explícitamente, puedan favorecer situaciones de discriminación por razón de género" ni tampoco tendrá "efectos directos apreciables en otros ámbitos de interés" como el medio ambiente o el colectivo de discapacitados.

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