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CATALUÑA

El Gobierno catalán pone en marcha un código ético para funcionarios de prisiones heredado del tripartito

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha un código ético para los funcionarios y empleados de prisiones para potenciar su compromiso con la "reeducación y la reinserción social de las personas condenadas", según recoge el texto al que ha tenido acceso Europa Press.
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Tal y como ha avanzado 'El Periódico', este 'Código Ético de los profesionales de la ejecución penal de Catalunya' fue concebido por el Govern tripartito 2006 y, a diferencia de lo que ocurrió con el código de los Mossos d'Esquadra impuesto por el exconseller de Interior Joan Saura, en este caso lo han puesto en marcha.

Uno de los principios generales del código destaca que el empleado de prisiones "tiene el deber prioritario de obediencia y lealtad institucional, al margen de cualquier otro factor que exprese afectaciones personales, familiares, corporativas, clientelares o de cualquier otra clase, que atenten contra este principio".

Precisamente, llega en un momento de tensión por las protestas y bloqueo por parte de algunos funcionarios de tres cárceles catalanas en protestas por los recortes, y que el director de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Ramon Parés, calificó de irresponsables por poner, a su juicio, en peligro la seguridad de las prisiones.

En la línea de la política de austeridad predicada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el código pide al empleado de prisiones que sea "austero, sobrio y riguroso a la hora de utilizar el material".

También pide que valoren "con actitud autocrítica todos aquellos supuestos que favorecen la ausencia injustificada del trabajo", y que delante de situaciones extraordinarias intente atenderlas pese a que no sean inherentes a su cargo.

RECHAZAR REGALOS

Por otra parte, la circular también deja claro que los funcionarios deben rechazar "cualquier regalo, favor, beneficio, promesa o servicio en condiciones ventajosas que puedan condicionar la realización de sus funciones".

En cuanto a su relación con los internos, la misiva pide un uso mínimo de la fuerza y, en todo caso, que si es imprescindible actúen con "criterios de proporcionalidad".

Además, el texto también recoge la creación de una comisión de vigilancia que velará que este código ético se cumpla, y estará formado por seis miembros designados por la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

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