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El Gobierno mitiga el efecto de los desahucios para las familias sin recursos

El decreto ley incluirá una rebaja en los intereses de demora para los pagos que no se puedan afrontar.

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El Gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el código de buenas prácticas de la banca como anexo al decreto ley que definirá al colectivo con riesgo de exclusión que podrá beneficiarse de las medidas para evitar o mitigar los efectos de los desahucios, informó una portavoz del Ministerio de Economía.

El Ejecutivo aprobará la norma y el código de buenas prácticas esta semana, probablemente, y las entidades financieras podrán adoptarlo de forma voluntaria, o abstenerse, recalcaron.

No obstante, la relación de los bancos adheridos se hará pública, por lo que aquellos que no lo hagan deberán asumir el coste reputacional de no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar la hipoteca, según Economía.

En el decreto ley se establecerá el colectivo con riesgo de exclusión, aquellas familias con todos sus miembros en paro o con un nivel de ingresos insuficientes para atender el pago de la hipoteca de la vivienda única y habitual, e incluirá mecanismos para evitar falseamiento de datos o abusos.

Asimismo, la norma recogerá una rebaja en los intereses de demora para los pagos que no se puedan afrontar y se agilizarán los procedimientos de ejecución, que también serán más transparentes y baratos, a través de un nuevo sistema de subastas 'online', para lo que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Justicia.

LA DACIÓN EN PAGO, EN EL CÓDIGO.

Economía no regula la dación en pago en el decreto por considerar que la retroactividad de las normas es muy cuestionable en el ordenamiento jurídico y que también tiene difícil encaje aquello que pueda vulnerar el principio de responsabilidad patrimonial universal por el que los deudores deberán responder de sus obligaciones con todos los bienes presentes y futuros.

Será en el código donde se incluya la dación en pago para los colectivos en riesgo de exclusión, así como una posible moratoria de dos años antes del desalojo, la posibilidad de abono de un cantidad equivalente a un alquiler o la opción de que los bancos acepten asumir parte del "error" de tasación de la vivienda.

En este sentido, Economía justifica que la dación en pago no se incluya en el decreto sino en el código dado que la primera opción plantearía muchas dudas al respecto, ya que se trata de contratos hipotecarios en vigor, en los que existe un compromiso de pago con una entidad financiera.

Advierte además de que establecer la dación en pago con carácter general y no solo a las personas sin recursos acabaría por encarecer las hipotecas, ya que las entidades financieras se curarían en salud restringiendo el crédito.

Tanto los cambios normativos como el código de buena conducta serán de aplicación a las ejecuciones hipotecarias a partir de su aprobación, a los créditos vivos y a los nuevos.

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