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Economía/Laboral

El Gobierno aprobará la reforma de las políticas activas de empleo

Habrá itinerarios personalizados e individuales para los parados y se creará un Fondo de Reserva para políticas de empleo
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El Consejo de Ministros aprobará esta semana, salvo sorpresa de última hora, el Real Decreto-Ley de reforma de las políticas activas de empleo, que persigue mejorar la empleabilidad, dar mejor respuesta a las necesidades de personal de las empresas y fortalecer los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem).

La reforma, incluida en el acuerdo económico y social firmado entre patronal, sindicatos y Gobierno el pasado 2 de febrero, implica la modificación de la Ley de Empleo a través de una serie de medidas estructurales.

La medida más llamativa es la implantación y desarrollo de un modelo de atención personalizada a las personas en paro a través de itinerarios personalizados e individuales de empleo, al que se accederá con la firma de un acuerdo personal de empleo (APE).

Dicho acuerdo implicará el compromiso de la persona beneficiaria del itinerario a participar activamente en acciones para mejorar su empleabilidad y a buscar activamente un empleo o poner en marcha una iniciativa empresarial. Por su parte, el servicio público de empleo se encargará de asignar y hacer el seguimiento de dichas acciones.

De esta forma, tener un itinerario individual y personalizado de empleo será un derecho para las personas en paro y una obligación para los servicios públicos de empleo.

Según el último borrador del decreto-ley, al que ha tenido acceso Europa Press, el incumplimiento injustificado del acuerdo personal de empleo será sancionable y aquellos que perciban prestaciones o subsidios por desempleo podrían acabar perdiendo dicha ayuda.

En principio y salvo cambios de último momento -el texto parece no estar cerrado todavía-, los itinerarios personalizados se aplicarán en tres fases. Durante 2011, estarán dirigidos prioritariamente a jóvenes, parados de larga duración mayores de 45 años, desempleados procedentes de la construcción y otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan una baja cualificación.

Durante 2012, la prioridad en la realización de los itinerarios se extenderá a las personas con discapacidad y parados de larga duración, con especial atención a mujeres y otros colectivos considerados prioritarios por cada comunidad. A partir de enero de 2013, la intención es ampliar estos itinerarios a toda la población desempleada.

EL INEM AYUDARÁ TAMBIÉN A LAS EMPRESAS.

Pero las personas desempleadas no serán el único foco de atención de los servicios públicos de empleo. Según el texto de la reforma, las oficinas públicas de empleo prestarán también servicios a las personas ocupadas y a las empresas.

En conjunto, todos los servicios prestados por las oficinas públicas de empleo se recogerán en un catálogo de servicios. A las personas ocupadas, se les hará un diagnóstico individualizado de sus capacidades y necesidades y se les ofrecerá orientación e información sobre empleo y ofertas de trabajo, entre otras cosas.

Por su parte, en lo que se refiere a las empresas, los servicios públicos de empleo podrán difundir sus ofertas de trabajo, preseleccionar y enviar candidatos y colaborar en entrevistas y procesos selectivos de difícil cobertura. También se ofrecerá a las empresas información y asesoramiento sobre el mercado laboral y sobre la puesta en marcha de nuevos negocios.

La reforma contempla además el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, continuando con los esfuerzos para mejorar sus recursos humanos y técnicos con la idea de acercarlos a los estándares europeos, pero teniendo en cuenta las disponibilidades financieras.

Asimismo, incluye la elaboración de una "estrategia española de empleo", en la que se analizarán las tendencias del mercado laboral y se marcarán los objetivos a alcanzar en materia de política de empleo para el conjunto del Estado y para cada una de las comunidades autónomas. Dichos objetivos se establecerán anualmente a través de un plan de política de empleo, en el que se precisarán qué medidas se seguirán para la consecución de los mismos.

La reforma también implicará la transformación de los actuales programas de políticas activas de empleo para hacerlos más útiles para los desempleados.

FONDO DE RESERVA PARA POLÍTICAS ACTIVAS.

El borrador incluye una disposición final primera para la constitución de un Fondo de Reserva de políticas activas de empleo para atender a las necesidades futuras de financiación en la ejecución de las políticas activas de empleo.

Dicho fondo se financiará con el 10% de los remanentes de créditos no comprometidos por las comunidades en la ejecución de las acciones que integran las políticas activas, con el 10% de los remanentes de crédito no ejecutados por el servicio público de empleo estatal, y con parte de la cuota de formación profesional para el empleo.

Adicionalmente, si las posibilidades económicas y financieras lo permiten, se integrarán en este fondo hasta un máximo del 10% de los remanentes de créditos no comprometidos por las comunidades, hasta un máximo del 10% de los remanentes no ejecutados por el servicio público de empleo estatal y hasta un máximo del 20% de los reintegros que las comunidades hayan realizado con motivo de la ejecución de los planes de trabajo de los centros nacionales de formación profesional ocupaciones o de los centros de referencia nacional.

La disposición, si no hay cambios, establece además la apertura por parte del servicio público de empleo estatal de una cuenta en el Banco de España para realizar las operaciones financieras legalmente permitidas con las dotaciones del fondo (igual que se hace con el Fondo de Reserva de las pensiones).

Las aportaciones que irán destinadas a este fondo se acordarán por el Consejo de Ministros en cada ejercicio económico y los rendimientos que se generen se integrarán automáticamente en las dotaciones del mismo. Reglamentariamente se determinarán los valores que constituirán la cartera de dicho fondo, que estará controlado por un Comité de Gestión.

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