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LEGISLACIÓN

El Gobierno presenta las aportaciones de los ciudadanos a Ley de Transparencia

Casi 80.000 ciudadanos se han interesado por la elaboración de la norma y se han enviado cerca de 3.700 observaciones, que se han traducido en significativas modificaciones respecto al primer texto publicado por el Gobierno. Entre las aportaciones, destaca la incorporación a la obligación de suministrar información a los adjudicatarios de los contratos públicos.

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Soraya Sáenz de Santamaría

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con las aportaciones ciudadanas. Además, ha acordado su remisión, para la redacción de los oportunos informes, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

La propuesta normativa del Gobierno cuenta, en un innovador procedimiento que convierte su tramitación en "un acto de transparencia misma", con las aportaciones de los ciudadanos, a los que se ha dado un cauce de participación en el borrador de anteproyecto a través de un proceso de consulta pública.

Entre los días 26 de marzo y 10 de abril el Ministerio de Presidencia abrió un espacio virtual en el que casi ochenta mil ciudadanos participaron, en distinto grado, en el conocimiento y elaboración de la norma. Han intervenido en la consulta tanto ciudadanos a título individual, como organizaciones representantes de la sociedad civil vinculadas con la defensa del derecho a la información pública, y diversas instituciones.

El fruto más palpable de este novedoso procedimiento se ha traducido en cerca de 3.700 observaciones, que se han traducido en significativas modificaciones respecto primer texto publicado por el Gobierno.

Novedades normativas

Entre las aportaciones de la consulta pública destaca la incorporación a la obligación de suministrar información a los adjudicatarios de los contratos públicos. Asimismo gracias a las propuestas ciudadanas, se impulsa la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

Otra novedad es que se aclara un poco más el capítulo del derecho de acceso a la información, sobre todo en lo relativo a la aplicación de los límites, introduciendo como criterio para negar información a un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación.

Igualmente, en el capítulo sancionador se crea una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos.

En el ámbito institucional las indicaciones realizadas por los ciudadanos han llevado al Gobierno a reforzar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios. El nombramiento y las causas de cese de su presidente se equiparan a los de los organismos reguladores.

Se introduce una variación respecto a la "vacatio legis" de la norma. Así, se prevé la entrada en vigor inmediata del Título de Buen Gobierno, mientras que se difiere un año ese momento para todos los aspectos relativos a publicidad activa y derecho de acceso, en línea con muchas de las normas aprobadas por países de nuestro entorno.

El éxito de la consulta pública y el interés suscitado con la misma han llevado al Gobierno a poner a disposición de todos los ciudadanos el Anteproyecto de Ley en el mismo momento en que éste sea remitido a los citados órganos consultivos.

Reformismo, confianza y responsabilidad

Para el Gobierno, y para el Ministerio de Presidencia, impulsor de este Anteproyecto, ésta no es una reforma más de las muchas que este Gobierno está planteando. En este caso, se trata de una iniciativa política de regeneración democrática, pero con una proyección importante en el ámbito económico, ya que es una medida de recuperación de la confianza y también un mecanismo de responsabilidad de los gestores públicos que debe ahondar en las políticas de austeridad y eficiencia.




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