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FISCAL

El Gobierno acatará los fallos del TS y del TC por los que se debe territorializar el 0,7 del IRPF de fines sociales

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado que el Gobierno asumirá y respetará la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que dictaminan la territorialización del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales. De este debate saldrá una moción que ERC registrará esta semana con idea de que se vote en la sesión plenaria del 21 de febrero.
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Cristóbal Montoro Cristóbal Montoro

Eso sí, Montoro ha advertido de que la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2011, aunque otorgue la gestión de esos servicios a las corporaciones locales, precisa que es el Estado el que puede determinar el montante que le corresponde a cada comunidad autónoma. "Tiene la capacidad de regulación básica", ha puntualizado.

Además, a finales de diciembre, el Tribunal Supremo falló a favor de que las comunidades autónomas puedan gestionar los recursos destinados a la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta, al estimar un recurso presentado en 2005 por la Generalitat catalana.

Así ha respondido a la interpelación formulada por el diputado de ERC, Joan Tardà, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, en la que pedía al Ejecutivo que cumpliera las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que dictaminan dicha territorialización del 0,7 por ciento del IRPF.

"No podemos sino respetar y completar la doctrina del Constitucional al respecto, que es muy clara y explícita", ha reiterado, al mismo tiempo que el Ejecutivo se encuentra en una "intención constructora" y con voluntad de alcanzar "un diálogo pertinente".

"Espero que trabajemos todos los grupos políticos en la definición de las competencias y en encontrar quiénes son las personas que mejor conozcan las atenciones sociales, con independencia de dónde procedan esos recursos, como el del IRPF", ha insistido.

PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN

Así, ha recordado que los procedimientos de distribución de la casilla del 0,7 del IRPF han venido siendo territorializados a través del Consejo Territorial, donde se han tenido en cuenta necesidades objetivas a atender y se han traducido en cifras acuerdos políticos.

En ese respecto, ha detallado que las asignaciones de 2008 y 2009 para Cataluña rondaron el 25 por ciento, y no el 14 por ciento como señalaba Tardà en su interpelación, un montante que se correspondía con la población catalana respecto al conjunto de España.

Al mismo tiempo, ha puntualizado que la política social del Estado "capilariza" por otro tipo de instrumentos y se territorializa por ejemplo a través de convenios municipales, o las corporaciones locales. Es más, ha reiterado que el impuesto del 0,7 por ciento es "equitativo y progresivo", donde las personas que más tienen más aportan.

COMPROMISO DEL GOBIERNO

Mientras, Joan Tardà, se ha mostrado "sorprendido" porque la ministra de Sanidad, Ana Mato, no respondiera a su interpelación, ya que fue ella la que respondió al diputado republicano en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre el tema, ha recordado que las palabras "tranquililzantes" de la ministra que han llevado a ERC, según ha puntualizado, a presentar esta interpelación urgente para trasladar al Pleno el problema que el Gobierno debe acatar, la territorialización del 0,7 por ciento del IRPF.

En este sentido, la ministra se comprometió a buscar fórmulas para que hicieran compatibles el acatamiento de las sentencias y por otro lado, resolver este "complejo problema" que se viene arrastrando desde hace años.

Al hilo de este compromiso gubernamental, Tardà ha destacado que la intención de ERC al presentar esta interpelación es que se haga una declaración por parte del Pleno del Congreso en la que se inste a acatar dichas sentencias, al mismo tiempo de que se fije un calendario para la convocatoria de la declaración de la renta, de modo que entre ya en vigor la territorialización del 0,7 por ciento del IRPF para los fines sociales de cada comunidad autónoma antes de abril.

Igualmente, ha planteado al ministro que, antes ambas sentencias, se intente buscar una fórmula para que Cataluña no quede "discriminada".

Según apunta, a partir de 2002, el porcentaje de participación en las subvenciones de las entidades catalanas fue "inferior" al número de población y con ello, Cataluña "sufre" una "doble discriminación" porque los contribuyentes catalanes "ven defraudada" la destinación de su dinero frente a su voluntad expresada en una declaración de la renta.

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