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Economía/Macro

El Gobierno aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, que incluye nuevas estadísticas

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se desarrolla el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, que establece el núcleo de estadísticas esenciales que debe efectuar obligatoriamente la Administración del Estado. El plan sustituye al de 2009-2012, cuya vigencia está a punto de concluir.
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Soraya Sáenz de Santamaría Soraya Sáenz de Santamaría

En el nuevo plan figuran 395 estadísticas que deben realizar el Instituto Nacional de Estadística y los servicios estadísticos de los ministerios, del Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España.

Entre las novedades del plan estadístico, cabe destacar la Estadística de Ejecuciones Hipotecarias, la Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias, la Encuesta Continua de Población, la Estadística del Salario de las Personas con Discapacidad, la Encuesta de Integración Social y Salud y la Encuesta Europea de Seguridad.

Las estadísticas incluidas en el plan son de respuesta obligatoria para los informantes. Dicha obligatoriedad de respuesta incumbe, tanto a las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España, como a todas las instituciones y entidades públicas de todas las Administraciones Públicas.

Según el Gobierno, el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 se enfrenta a un doble reto: por un lado, seguir garantizando el suministro al Estado, a la Unión Europea, a las instituciones y a los usuarios de la información estadística necesaria para la toma de decisiones, a los niveles geográficos adecuados, con la puntualidad precisa y de acuerdo con calendarios de difusión preanunciados; y, por otro, hacerlo en un contexto de mejora permanente de la eficiencia de la producción estadística.

Las estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 son trabajos asignados al Instituto Nacional de Estadística y a los Departamentos ministeriales. Por lo tanto, el plan no tiene impacto presupuestario alguno para la Administración General del Estado pues no implica incremento del gasto, dado que su coste es asumido por los distintos organismos responsables de su ejecución con los créditos disponibles, sin necesidad de modificaciones presupuestarias.

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