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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Se profundiza en las medidas de racionalización, eficiencia, transparencia y disciplina presupuestaria.

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Sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Sede del Ministerio de Hacienda

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto de estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones que tiene por finalidad profundizar en las medidas de racionalización, eficiencia, transparencia y disciplina presupuestaria y permitir una utilización más eficiente de los recursos públicos existentes.

Destacan, entre otras, las siguientes modificaciones:

• Se modifica la estructura interna de la Intervención General de la Administración del Estado, con la finalidad de reforzar el control del gasto público y la lucha contra el fraude.

Así, se crea la Oficina Nacional de Contabilidad, en la que se integran las tres áreas contables de la Intervención General de la Administración del Estado. De este modo, se optimizan los flujos de información existentes, lo que permitirá disponer de una visión contable unitaria de la gestión administrativa y un seguimiento puntual del cumplimiento de los objetivos de déficit.

Asimismo, se crea el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude como interlocutor con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En la actualidad, la Intervención General de la Administración del Estado ya viene apoyando la actuación de la OLAF en el control del fraude y de las irregularidades detectadas en el ámbito de los fondos europeos.

• La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, antes adscrita al Ministerio de Presidencia, se integra en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Se refuerza su estructura para impulsar el proceso de racionalización de la política de tecnologías de la información y comunicaciones.

En el marco de la reforma de las Administraciones Públicas el Real Decreto da un nuevo impulso al proceso de racionalización de la política de tecnologías de la información y de comunicaciones que se extenderá al ámbito no sólo de la Administración General del Estado, sino también de sus organismos públicos.

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