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Economía/Macro

El Gobierno veta en el Congreso el intento del PP de 'resucitar' la línea ICO a ayuntamientos morosos

Los 'populares' acusan de arbitrariedad al Ejecutivo y anuncian que seguirán intentando que la propuesta se debata
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El Gobierno ha vetado la enmienda presentada por el PP en el Congreso al proyecto de Ley sobre agencias de calificación crediticia con la que pretendía recuperar la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 3.000 millones para que los ayuntamientos morosos puedan pagar a sus proveedores, aprobada en junio de 2010 con el voto en contra del PSOE y derogada en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 sin que llegara a aplicarse.

Según ha denunciado el secretario de Economía y Empleo del PP en el Congreso, Álvaro Nadal, el Ejecutivo comunicó en la reunión de la Ponencia su decisión de no aceptar la tramitación de esta propuesta de modificación, la única presentada a la norma, que transpone el reglamento europeo sobre agencias de calificación aprobado en 2009.

Los 'populares' han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante la decisión del Gobierno de presentar este rechazo, que supone el veto número 81 del Gobierno a tramitar una iniciativa de la oposición por suponer incremento de gasto o minoración de ingresos.

Para el PP, los argumentos del Ejecutivo son arbitrarios, ya que en otras ocasiones se ha admitido a trámite esta misma iniciativa, y achacan la decisión del Gobierno a evitar este debate antes de unas elecciones municipales del próximo 22 de mayo.

Aunque Nadal ha admitido que el recurso a la Mesa del Congreso no es la vía "que mejores resultados" ha dado al PP en ocasiones anteriores, ha eludido anticipar si estudian recurrir este veto al Tribunal Constitucional y ha señalado que esperará a ver si el Ejecutivo "recapacita" en su postura.

En concreto, el Gobierno argumenta que la medida tendría un impacto presupuestario negativo en el contexto actual por cuanto supone un incremento de los créditos presupuestarios, ya que se podría acudir a la garantía del Estado en riesgo de impagos, a lo que se suma el coste de las "condiciones preferentes" que tendrían los préstamos, según reclama el PP.

NO CAUSARÍA DÉFICIT

Según Nadal, en ningún caso la medida supondría un aumento del déficit público global del conjunto de las administraciones, pues el aumento de la deuda del Estado se vería compasado por una reducción equivalente de la de los ayuntamientos.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Fátima Báñez, ha remarcado que esta medida es necesaria cuando la morosidad de las administraciones públicas supera el 60% y tardan en pagar 157 días, frente a los 60 que marca la nueva Ley de Morosidad que entró en vigor hace un año.

Por su parte, el secretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Juan José Matarí, ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es el "más antimunicipalista de la historia de la democracia" y ha arremetido contra el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chavez, lastrado por sus "escándalos" como ex presidente de la Junta de Andalucía para ejercer su labor.

UNA DERROTA DEL PSOE ABRIÓ LA VÍA

Esta línea fue introducida en la Ley de Morosidad aprobada en 2010 y debía de haberse puesto en marcha en agosto de ese año, si bien el Gobierno eludió hacerlo argumentando que no se contaba con las garantías de devolución adecuadas y corría el riesgo de elevar el déficit público en tres décimas, según los cálculos de la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Finalmente, los socialistas lograron que PNV y Coalición Canaria cambiaran su posición sobre esta medida para facilitar que los Presupuestos Generales del Estado que entraron en vigor hace más de cuatro meses suprimieran la norma, que ahora el PP tratará de volver a recuperar con nuevas iniciativas en las que contará con el respaldo de CiU, ERC, IU-ICV, BNG, UPN, UPyD y NaBai.

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