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JUSTICIA

Gallardón adelanta que consultará con cada una de las comunidades autónomas antes del recorte de partidos judiciales

El Ministerio reactiva la cooperación con las comunidades autónomas para alcanzar la interoperatividad de sus sistemas informáticos
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El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha adelantado este lunes que consultará con cada una de las comunidades autónomas afectadas por la reducción del número de partidos judiciales previsto de la Ley de Demarcación y Planta Judiciales antes de tomar una decisión sobre el recorte de órganos judiciales.

"Nos hemos comprometido a que no remitiremos ningún proyecto de ley sin hablar previamente y tener una reunión individualizada con cada una de las comunidades autónomas afectadas", ha asegurado el ministro.

Según ha precisado el titular de Justicia tras la celebración de la Conferencia Sectorial en el Ministerio, la estimación realizada por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ --que considera que los partidos deben descender de los 431 actuales a 190-- refleja el análisis realizado por el órgano de Gobierno de los jueces y ahora debe ser el Ministerio el que tome una decisión al respecto, que quedará reflejada en su proyecto de ley.

"Tenemos que agradecer al Consejo el esfuerzo que ha realizado en la realización de este estudio", ha añadido Ruiz-Gallardón que ha calificado la opinión del CGPJ como "extraordinariamente útil". No obstante, ha concretado que el Ministerio es quien tiene "la responsabilidad" y "la iniciativa" en este terreno.

En su opinión el análisis del CGPJ refleja la necesidad de modificación de una realidad que estaba pensada, cuando se hizo en el siglo XIX para una España distinta, fundamentalmente agraria. "Ese concepto debe ser adaptado a la nueva realidad del siglo XXI", ha dicho.

Colaboración tecnológica

Durante la reunión del ministro con los consejeros de Justicia de las Comunidades autónomas con competencias transferidas, ambas partes se han comprometido, además, a reactivar su colaboración en materia tecnológica, mediante la firma de varios acuerdos encaminados a facilitar la interoperabilidad entre los distintos sistemas informáticos con los que cuenta la Administración de Justicia.

El ministro ha hecho partícipes de ese acuerdo a las Comunidades Autónomas, que, durante el encuentro, se han comprometido a compartir las aplicaciones más desarrolladas por sus respectivos sistemas de gestión procesal para así contribuir a la tan ansiada interconexión entre juzgados.

El Ministerio cuenta con que los avances tecnológicos que permiten crear una base de información común entre todos ellos a través de un mismo lenguaje informático logre finalmente adelantos en este terreno. Los datos relevantes que deben ser comunicados entre los distintos juzgados se traducirán a ese lenguaje único para facilitar su acceso desde cualquier sistema.

Así, Ruiz-Gallardón ha explicado que en el actual contexto de crisis económica la cooperación institucional resulta "imprescindible" para un desarrollo informático de la Administración de Justicia sin duplicidades o sistemas innecesarios. En consecuencia, no se desaprovecharán las iniciativas previas puestas en marcha, pero se adaptarán a la nueva herramienta.

Uno de los puntos principales firmados entre el Ministerio y el CGPJ es constituir el Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica, previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que nunca llegó a crearse. Esta colaboración formaba parte del convenio firmado entre ambas instituciones para el establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ejis), que permitirá la interoperabilidad entre los distintos juzgados españoles, para lo que será imprescindible la colaboración de las CCAA con competencias transferidas.

El Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces consideran prioritario que la estadística judicial sea única, por lo que impulsarán la extracción automática de información de los sistemas de gestión procesal. Y firmarán un convenio de colaboración para reforzar la coordinación entre la inspección de órganos judiciales que corresponde al CGPJ y la que corresponde a los secretarios judiciales.

En cuanto a la interoperabilidad con otras Administraciones o con los agentes jurídicos, el Ministerio y el Consejo han decidido repartirse las iniciativas. Así, lo relativo a asistencia jurídica gratuita corresponderá a Justicia que, en colaboración con las Comunidades Autónomas interesadas, desarrollará la interconexión con el Consejo General de la Abogacía Española a través de Lexnet (sistema de intercambio de documentos firmados electrónicamente entre la Administración de Justicia y los operadores judiciales) y Ejis.

La integración con Instituciones Penitenciarias corresponderá al Consejo y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Justicia, que también se ocupará de lograr la tramitación de exhortos mediante Lexnet, aunque, de forma transitoria, se seguirá utilizando el Punto Neutro Judicial desplegado por el Consejo.

Esta herramienta del CGPJ también servirá para la anotación preventiva de embargos y la comunicación de resoluciones judiciales relacionadas con los Registros de la Propiedad, aunque los embargos telemáticos se realizarán a través del sistema de cuentas de consignación del Ministerio de Justicia, que en la actualidad también desarrolla un sistema para poder realizar subastas telemáticas.

Tasas

Otro de los asuntos tratados en la Conferencia sectorial ha sido la ley de tasas y su afectación a las Comunidades Autóno,as. El ministro ha explicado a los consejeros de Justicia que el rendimiento de las tasas, tal y como se especifica en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de ministros, se vinculará a la financiación de la asistencia gratuita y ha propuesto a los representantes de las distintas comunidades autónomas una mesa de diálogo con dos objetivos: acordar con ellas una participación conjunta de la recaudación de las tasas y establecer una gestión coordinada de la asistencia gratuita.

Con el fin de evitar el fraude en el acceso a este servicio, el Ministerio ha expuesto la necesidad de establecer unos protocolos de actuación uniformes en todas las administraciones. El umbral mínimo para acceder a estos servicios seguirá siendo el mismo, pero se determinarán los supuestos en los que puede solicitarse para acabar con las disfuncionalidades detectadas. Además, se estudiarán fórmulas para acreditar el derecho a la justicia gratuita, como la presentación de un certificado de la declaración de la renta.

Asimismo, el Ministerio ha comunicado a los consejeros que se compromete a asumir la financiación directa de la asistencia gratuita a través de lo recaudado con las tasas, haciendo partícipes a las comunidades de estos ingresos, de forma que puedan destinar su presupuesto a otras partidas de justicia.

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