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Aborto

Gallardón reformará la Ley del Aborto para "adecuar la legislación a la doctrina del Tribunal Constitucional"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que el Gobierno reformará la Ley de Interrupción del Embarazo para adecuar la legislación a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional e "incorporar las modificaciones, con los errores, y corregirlos a la vista de la experiencia".

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En su intervención en la Escuela de Verano de la UCAV, el ministro ha justificado la reforma en que se trata de "mantener la doctrina del Tribunal Constitucional, que en modo alguno permitió al legislador la desprotección absoluta del concebido pero no nacido, ni siquiera durante un plazo determinado desde el mismo momento de la concepción".

"Quiero recordar --ha detallado-- que el Tribunal Constitucional, cuando estudio y falló sobre la primitiva ley, algunos de cuyos puntos fueron declarados inconstitucionales y modificados por el legislador socialista, estableció unos principios, y esos principios son que el concebido es susceptible de protección jurídica".

La intervención del ministro de Justicia ha repasado las necesidades de reforma en su departamento tras preguntarse por qué se han hecho en otros sectores y en Justicia no.

"La Justicia es un factor de competitividad", como lo es "la seguridad jurídica", al igual que las infraestructuras o la cualificación profesional a la hora de proyectar una inversión, ha dicho, para luego apuntar que mucha de la normativa vigente procede del siglo XIX, con "una realidad social muy diferente".

Ha citado como ejemplo que sólo en los pleitos de las administraciones públicas hay más de 20.000 millones "inmovilizados" a causa de la "lentitud" de los procedimientos.

Entre otras reformas ha destacado la de la Ley del Poder Judicial, en la que ha abogado que "el mandato del legislador" en la Constitución no se ha cumplido porque "no fueron ocho sino veinte los miembros" designados por las Cortes.

Por eso, ha abogado porque de los veinte sean ocho los que sean nombrados por las Cortes, "no de acuerdo a los resultados electorales", sino bajo el criterio de que "sean juristas de reconocido prestigio".

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