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CONSULTA

Galicia. Límite a la potestad discreccional de la Administración

El planificador municipal con la aprobación de un nuevo Plan General ha previsto para una calle -según anchura- unos trece metros de altura en toda la calle cuando en las anteriores NNSS la altura era superior (16 metros).(...)(más)

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El planificador municipal con la aprobación de un nuevo Plan General ha previsto para una calle -según anchura- unos trece metros de altura en toda la calle cuando en las anteriores NNSS la altura era superior (16 metros). Solamente, con el nuevo planeamiento se ha hecho una excepción en una de las parcelas dándole 16 metros a la calle en cuestión por tener fachada a otra calle (con una altura de 19 metros). Esta decisión recogida en el nuevo planeamiento vulneraría el art. 48.5 de la LOUGA -EDL 2002/56839- o nos encontraríamos ante una potestad discrecional del planificador.

Respuesta

Las Administraciones Públicas cuentan con una amplia potestad discrecional en materia de planeamiento urbanístico como consecuencia de que el urbanismo es una función pública y, como tal, les corresponde a ellas tutelar ese interés a la hora de "hacer ciudad".

No obstante, esta potestad discrecional en materia de planeamiento urbanístico, como toda potestad discrecional de la que dispone la Administración Pública es fiscalizable en sede jurisdiccional. Así, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en numerosas sentencias que la potestad de planeamiento de las Administraciones Públicas se haya limitada por la fuerza de lo fáctico y por la coherencia de sus actuaciones, de tal forma que el ejercicio de la misma no puede dispensar un trato desigual a los propietarios de terrenos y, por ende, los instrumentos de planeamiento urbanístico deben ser coherentes e igualitarios.

Véase, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2012 -EDJ 2012/310508-.

Además, la Doctrina del Tribunal Supremo exige que para que un instrumento de planeamiento dispense un trato desigual a los propietarios de terrenos u opte por una solución diferente para determinado tipo de parcelas, como parece ser el caso objeto de esta consulta, se realice una motivación de tal actuación municipal porque si no existe motivación de dicha actuación no podemos hablar de discrecionalidad sino de arbitrariedad. Véase, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2006 -EDJ 2006/257070- . Véase asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2011 -EDJ 2011/120763-.

El art. 48.5 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia -EDL 2002/56839- establece que para asegurar unos estándares de calidad urbanística razonables el planificador deberá fijar la altura máxima de las edificaciones en proporción al ancho de las vías y espacios libres, de modo que queden garantizadas las mejores condiciones posibles de soleamiento y ventilación natural de las viviendas.

Del relato expuesto no podemos extraer la conclusión definitiva acerca de si la solución individual adoptada por el planificador respecto de una de las parcelas, a la que se le permite una mayor edificación en altura se encuentra dentro de la potestad discrecional del planificador o, por el contrario, supone una arbitrariedad no justificada del mismo. Les otorgamos las herramientas necesarias para que, de la lectura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es muy riguroso con el control de la discrecionalidad administrativa en materia de planeamiento urbanístico, saquen ustedes sus propias conclusiones. No obstante, la justificación dada por el planificador para otorgar más altura a dicha parcela diciendo que tiene fachada a otra calle se nos antoja insuficiente para motivar dicha decisión.

Servicio de consultoría asociado a la obra El Derecho Urbanismo. Más información haciendo clic aquí.


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