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Economía/Fiscal

Fundación Alternativas pide luchar contra los paraísos fiscales para rescatar más de 1 billón de euros

Aplaude que las protestas del movimiento 15M se rebelan contra una situación "diabólica"
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La Fundación Alternativas estima que el dinero depositado en los paraísos fiscales ronda alrededor de 10 billones de euros, lo que implicaría que la "defraudación" fiscal que se produce en ellos podría superar el billón de euros, una cifra que compromete el futuro de un Estado del Bienestar, "que no será sostenible si no se pagan impuestos", y está en el "centro" de los problemas financieros que atraviesan países como España.

Así lo ha asegurado el vicepresidente de la Fundación, Nicolás Sartorius, en la presentación del estudio 'Paraísos fiscales: los agujeros negros de la economía globalizada', durante la cual ha celebrado que las movilizaciones ciudadanas de los últimos días hayan destacado entre sus propuestas acabar con esta situación, "porque las cifras son realmente escandalosas".

Esta "frustración", según Sartorius, se muestra en las consignas de estas manifestaciones. "Son ideas que tenemos todos en la cabeza, no son cosas locas", ha asegurado el vicepresidente de Alternativas, fundación de la que forman parte destacados militante del PSOE e Izquierda Unida.

"Es importante que se cobre conciencia de esta situación, que supera el ámbito de actuación de un solo estado", ha insistido. Así, el documento recoge estimaciones de distintas organizaciones, como la 'Tax Justice Network', que apuntan a que desde 1979 hasta la actualidad el número de paraísos fiscales se ha multiplicado casi por tres, pasando de 25 a 72.

Un 82% de las empresas del IBEX están en paraisos fiscales

Además, el informe recoge que, según el Observatorio de Responsabilidad Corporativa (ORSC), un 82% de las empresas del Ibex 35 tiene presencia en paraísos fiscales y no informa de cuáles son sus actividades en ellos. Además, mientras el tipo nominal del Impuestos de Sociedades sería del 30% para muchas de ellas, en efectivo no supera el 10% de media sobre los beneficios.

En este sentido, el autor del estudio, José Luis Escario, ha remarcado además que esto no es achacable únicamente a un posible fraude fiscal, sino que responde a prácticas "perfectamente legales" de "elusión fiscal" que aprovechan las "lagunas de la legislación" e incluso la complicidad de ciertos estados que ofrecen tipos impositivos en casos de auténtico 'dumping fiscal', como Irlanda, si bien el caso más sangrante sigue siendo el de los paraísos fiscales.

Para Sartorius, esto lleva a "cargar el peso de los impuestos" sobre los sectores desprotegidos, ya sea elevando el IVA o el IRPF de las clases medias, "que no pueden evadir porque se les retiene directamente de la nómina", de forma que la presión fiscal sobre ellos, sumando impuestos directos e indirectos, oscila entre el 38% Y el 48%, un porcentaje "escandalosamente" superior al que pagan las grandes empresas.

Sitación "diabólica"

"Si no hubiera paraísos fiscales, muchos de los problemas que estamos teniendo, los tendríamos bastante menos", ha remarcado, recordando que la existencia de este fraude fiscal repercute en el endeudamiento de los estados, ya que al perder esa recaudación se ven obligados a endeudarse para financiar los servicios públicos.

En este sentido, Sartorius ha lamentado que los paraísos fiscales perpetúan una situación "diabólica" en la que los estados tiene que endeudarse para salvar a los bancos, que ahora les "aprietan para que hagan recortes" y para que les paguen dicha deuda, mientras las grandes empresas, en su mayoría multinacionales y bancos, "ocultan" cifras equivalentes al 80% del PIB de Estados Unidos.

Además, considera que contribuyen "de forma muy importante" a la inestabilidad financiera, con la proliferación de productos financieros de altos riesgo como los 'hedge funds', que suponen el 27% de la oferta en dichos territorios, frente al 15% en los demás.

La credibilidad del G20, en entredicho

Escario ha lamentado que tras los "momentos de euforia" de abril de 2009 en el G20, las siguientes reuniones han ido "posponiendo constantemente" las medidas concretas, empezando por pactar una definición común, algo que compromete su "credibilidad".

En este sentido, ha tachado de "completamente insuficientes" los criterios aplicados por la OCDE, como el que los países sólo firmen convenios de intercambio de información con otros doce estados para poder salir de la "lista negra", un mecanismo que en casos como el de España podrían llegar a facilitar la inversión en estos "paraísos", ya que se reducen los controles del Banco de España.

Además, ha abogado por establecer un sistema multilateral y automático de intercambio de información, en lugar del actual, bilateral y a "instancia de parte", que perjudica a los países que tiene "menos peso" para exigir cooperación, "como es también el caso de España".

Además, ha abogado por luchar contra los "vehículos intermedios", como los trusts, utilizados para "esconder" las identidad de los beneficiarios reales de los fondo, a través de la creación de un registro nacional de estas sociedades y estructuras jurídicas, a disposición de cualquier administración que los solicite.

La voluntariedad no sirve

También pide que las empresas multinacionales faciliten información desagregada, país a país, par evitar mecanismos de elusión fiscal que permitan a las compañías rebajar sustancialmente su carga fiscal.

En cualquier caso, todas estas medias deberían ser "coercitivas", ya que, a su juicio, se ha demostrado que la "voluntariedad no sirve" en esta tarea que podría salir adelante sólo con que se pusieran de acuerdo las grandes economías como Estados Unidos, UE, China, o Japón.

Por este motivo, Escario propone crear una autoridad tributaria multialeral que podría estar a cargo de la ONU, que ya cuenta con un Comité Fiscal, aunque "tampoco habría que descartar" un órgano similar a nivel de la UE.

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