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El Fondo Social de Viviendas incluye nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios

La Comisión de Seguimiento del Fondo Social de Viviendas (FSV) ha acordado ampliar en 3.974 el número de pisos a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

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El FSV reúne así un total de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras. También se ha acordado incluir nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años o los matrimonios y parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios. El conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios ha beneficiado hasta la fecha a unas 45.000 familias.

Además del FSV, está en funcionamiento el Código de Buenas Prácticas, la moratoria de lanzamientos y las mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución (17 de enero pasado) pero el Gobierno lo ha prorrogado dos años más, hasta enero de 2017. Se constituyó por acuerdo entre los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector.

Con la ampliación a 9.866 viviendas, el FSV persigue cubrir un mayor número de situaciones que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas. El mismo objetivo se persigue con la inclusión de nuevos colectivos que darían derecho a la obtención de una
vivienda del FSV. En concreto podrán solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. Se contempla también la posibilidad de acuerdos con los Ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.

Estos requisitos se añaden a los ya vigentes que, en conjunto, hacen que ninguna persona o familia en dificultades quede desasistida. Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales.

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