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IGUALDAD

La Fiscalía obliga justificar la retirada de las subvenciones a los colegios de educación diferenciada

El Consejo Fiscal ha emitido un informe sobre el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato elaborado por el Gobierno en el que señala que para retirar el concierto a aquellos colegios que separen a niños y niñas, como persigue la norma, debe haber "una específica y reforzada voluntad inequívoca de discriminar".

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El anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato impide que accedan a financiación pública los centros educativos con educación separada para niñas y niños. Ha sido uno de los puntos más novedosos de la ley y, también, uno de los más polémicos. Datos del Ministerio de Educación apuntan a que existen 67 centros concertados de educación separada por sexos.

El Consejo Fiscal ha emitido un informe sobre el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato elaborado por el Gobierno en el que afirma que para retirar el concierto a aquellos colegios que separen a los niños de las niñas, como persigue la norma, la medida debería asociarse a "una específica y reforzada voluntad inequívoca de discriminar" por parte de los responsables de los centros educativos.

El informe se refiere así al artículo 16 del anteproyecto, que establece la imposibilidad de que los centros de educación diferenciada accedan a financiación pública, y señala que, "por razones de una elemental seguridad jurídica", el legislador "debiera asociar dichas graves consecuencias con una específica y reforzada, voluntad inequívoca de discriminar por parte de los titulares de los centros". Asimismo, recomienda que en "lógica coherencia" con la iniciativa normativa, esta previsión sea "aplicable a otros ámbitos de la vida igualmente fundamentales para el desarrollo del derecho a la igualdad de trato de los ciudadanos" y no sólo a la educación, como hace el citado artículo del anteproyecto.

Redacción "defectuosa"

El informe de los fiscales señala en el capítulo II del Título I del Anteproyecto, que concreta el alcance del derecho a la igualdad de trato y no
discriminación en diversos ámbitos de la vida, "la defectuosa redacción" que se contiene en el párrafo quinto del artículo 12, al delimitar el ámbito de aplicación de los apartados primero y cuarto del mencionado artículo, disponiendo que "lo dispuesto en los apartado primero y cuarto será de aplicación en el ámbito del empleo público". Con dicha redacción parece darse a entender que lo dispuesto en dichos párrafos es aplicable únicamente al empleo público, cuando por lógica coherencia debería explicitarse que lo dispuesto en dichos párrafos será de aplicación también en el ámbito del empleo público.

Por ello se sugiere una nueva redacción del artículo 12 apartado quinto, haciendo constar que lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto será
aplicable también al ámbito del empleo público, por resultar está más clarificadora del alcance del precepto evitando, de esta forma, posible
disfunciones en el sistema.

El artículo 19 trata de garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la vivienda, planteamiento este que merece una favorable acogida teniendo en cuenta la importancia que para el desarrollo personal tiene derecho a una vivienda digna, si bien nuevamente en este precepto se advierte una defectuosa redacción en su párrafo final. El mencionado párrafo dispone "lo previsto en los párrafos anteriores será de aplicación a los locales de negocio".

Por último, el artículo 34 establece la obligación de que los poderes públicos introduzcan en sus estudios, memorias y estadísticas, siempre que éstos se refieran a aspectos relacionados con la igualdad de trato, los indicadores y procedimientos que permitan conocer las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de la discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley. El informe de los fiscales señala que examinando el contenido de este artículo y las referencias que en él se contienen, "no cabe sino advertir que las obligaciones en él establecidas pueden ser de difícil cumplimiento teniendo en cuenta, por un lado, la defectuosa redacción del mencionado artículo 34, que puede dar lugar a dudas por sus imprecisiones terminológicas, y por otra, la falta de concreción de las conductas delictivas a las que el precepto se refiere, cuestión esta que se ve propiciada por la dispersión con que el Código Penal contempla estos comportamientos".


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