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Economía/Empresas

La Eurocámara apoya una cuota femenina del 40% en los consejos de grandes empresas

En la actualidad, la presencia de mujeres se limita al 16,6% (el 14,3% en España).

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Las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara han respaldado este lunes -por 40 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones- la norma para imponer una cuota femenina del 40% en los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas de aquí a 2020.

Según un informe publicado este lunes por la Comisión, la cuota de mujeres en los consejos de administración en la UE ha aumentado hasta el 16,6% en abril de 2013 (frente al 15,8% en octubre de 2012). España está por debajo de la media comunitaria, en el 14,3%.

La votación -que todavía debe ser confirmada por el pleno del Parlamento Europeo en noviembre- permite avanzar en la tramitación de esta norma, que choca con la oposición de un gran número de Estados miembros, liderados por Alemania y Reino Unido. Las nuevas reglas deben ser aprobadas por la Eurocámara y los Gobiernos por mayoría cualificada.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, promotora de la iniciativa, se ha felicitado por el apoyo de la Eurocámara y se ha comprometido a seguir trabajando para alcanzar rápidamente un acuerdo final. "La presión regulatoria funciona. Están empezando a aparecer grietas en el techo de cristal. Cada vez hay más compañías que compiten para atraer el mejor talento femenino", ha dicho Reding.

Para lograr el objetivo del 40%, la directiva establece que en los procesos de selección de personal, cuando haya varios candidatos con igual cualificación, las empresas estarán obligadas a escoger al del sexo infrarrepresentado.

La Eurocámara continúa excluyendo a las pequeñas y medianas empresas del ámbito de aplicación de la directiva. Pero los Estados miembros deberán incentivarlas a mejorar el equilibrio de género en todos los niveles de dirección.

Además, incluye una lista de sanciones obligatorias, en lugar de indicativas como proponía Bruselas. Las empresas que incumplan quedarán excluidas de las licitaciones públicas y de financiación de los fondos estructurales de la UE.

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